La muerte de un interno en medio de las protestas ocurridas ayer en en la Unidad Nº23 Florencio Varela dejó a las claras la crítica situación que desde hace tiempo atraviesan las cárceles bonaerenses. Si bien hay versiones cruzadas sobre el fallecimiento, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pusieron el foco en las malas condiciones en las que viven los reclusos y en la falta de celeridad en los procesos judiciales, y remarcaron la necesidad de “descomprimir el hacinamiento”.
“Llegamos al mediodía y ya había fallecido un joven de 22 años, toda la situación se inicia porque hay mucha angustia y preocupación (…) El servicio penitenciario dice que fue una reyerta entre ellos, pero no parece que fuera eso”, expresó en diálogo con El Termómetro el secretario de la CPM, Roberto Cipriano.
En esa línea, destacó que “el complejo de Varela tiene el triple de población posible” y mencionó como ejemplo que “hay 140 personas en un espacio de 10×30”
El conflicto, de acuerdo a los testimonios que circularon, se inició para reclamar medidas de seguridad ante el avance del coronavirus luego de que la semana pasada se confirmara un caso en la Unidad 42. Según precisó el referente, llegó a oídos de los presos “un medico diciendo que ya estaba el virus, que había gente que se va a morir”.
Este panorama, relató, “motivó que dos pibes se subieran al techo a reclamar por esta situación y ahí el Servicio Penitenciario empezó a reprimir y fue ahí que uno de los pibes muere”
“La situación es muy critica y es un polvorín, en cualquier momento puede estallar. Es muy complejo estar en un lugar así cuando el primer recaudo es el distanciamiento social: no tienen nada, están muy expuestos a contagiarse si llega a entrar la enfermedad”, agregó y señaló que el panorama es el mismo en gran parte del sistema carcelario.
Frente a “un Poder Judicial Ausente”, desde la Comisión le solicitaron la gobierno provincial la conmutación de penas en esta situación extraordinaria a fin de resolver procesos que están paralizados. Para ello consideran que “el poder político tiene que asumir una actitud distinta”.
El sistema no funciona, la persona esta ahí para resocializarse pero en esa situación no puede estudiar o trabajar, no tienen asistencia psicológica. Hay una cadena donde esta la responsabilidad estatal de no generar las condiciones que se necesitan: todas las unidades están en una situación de conflictividad y esto puede pasar en cualquiera”, enfatizó.
