Tras la masiva protesta que se realizó este jueves por el ajuste en discapacidad, el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo habló con El Termómetro sobre el proyecto de su autoría para declarar la emergencia en el área. Aseguró que el de discapacidad “es el tema mas critico de la Argentina”, donde “se cruza crueldad e ignorancia”.
“El maltrato al que están sometidos es tremenda”, dijo el diputado y pasó a detallar la situación en el sector: «Hoy una persona que trabaja en un taller protegido, que va a trabajar todos los días cuatro horas, que va a una carpintería por ejemplo, una persona con discapacidad cobra 28 mil pesos por mes, un transportista, que transporta personas con discapacidad, cobra 541 pesos el litro de nafta, como la nafta sale 1300 pesos en vez de llevarlo los cinco días que requiere el tratamiento lo lleva dos, un alumno, un chico que va a una escuela común que tiene una asistente que lo acompaña en la escuela, la asistente cobra, cuando cobra, a 180 días, 300 pesos la hora, lo talleres están a punto de cerrar, los hogares están todos con deudas con la AFIP que les dijo que los aguanta hasta el 30 de junio y después vemos, la situación es catastrófica».
Según explicó, en primer término, la ley reordena el nomenclador que incluye cuatro temas: incluir salud, que son las pensiones, PAMI, obras sociales y prepagas. “Volvemos para atrás a diciembre 2023, actualizamos por inflación, descontamos lo que sí se aumento, se compensa y se construye un nuevo nomenclador”, explicó.
“No es plata en estos términos, el impacto es 0,003 por ciento, así lo estableció la oficina de presupuesto del Congreso, esto es una deuda que tiene el Estado, no es un costo del Estado, es la plata que le debe a las personas el Estado”, marcó Arroyo para mencionar luego que considera que tendrán quorum y que luego se aprobará el proyecto.
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“La segunda parte -de la ley- son las pensiones, el gobierno decidió hacer una auditoria y está bien, pero la está haciendo mal, mandó 300 mil cartas documentos, le hace hacer mil tramites, pide certificados, el 40 por ciento de las cartas no llegan a destino porque la gente alquila y se muda, estamos en el siglo veintiuno y el gobierno está haciendo un experimento. En una resolución de enero vuelve 100 años para atrás, en esa resolución los nombró a una persona con discapacidad como un idiota, después dio marcha atrás, hoy estamos en un limbo”, explicó y dijo que lo que se pide es que “hagan una auditoria bien, ordene a las pensiones y deje de poner a las personas en un estado de desesperación”.
“La tercera parte es el maltrato, el gobierno ha maltratado a las personas con discapacidad. El gobierno tiene que tener respeto, no puede maltratar a las personas, y ha decidido maltratar a las personas”, afirmó.
“El gobierno mandó 300 mil cartas documento y cuando pedí informes me dijeron que faltan un millón más. Tiene que contratar gente especializada buscar donde están los problemas e ir ahí. Hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión ingresaron 583, el 99,9 de las personas no están accediendo”, contó.
Finalmente Arroyo dijo que “es una ley de humanidad, de racionalidad económica. Es una enseñanza para adelante, hay que tener corazón, humanidad, no es lo mismo dirigir turismo, hay que tener un grado de vínculo, empatía, esto tiene que quedar como un rasgo democrático de la Argentina. El problema de base del gobierno es que pide una pauta de recorte imposible de cumplir y se desacomoda todo el sistema tratando de cumplir una pauta de ajuste totalmente imposible de cumplir. En el caso de discapacidad se debería abrazar la ley de discapacidad para hacer una buena política pública. El gobierno tiene que revisar su política de salud”, cerró.
