La Comisión Provincial de la Memoria, a través de su Mecanismo de Prevención de la Tortura, intervino en varias de las denuncias que pesan sobre el hogar de niños Nomadelfia de Berazategui, institución vinculada a la secretaria de desarrollo social de Florencio Varela, Laura Vivas. Luego de conocerse la muerte de un bebe de ocho meses que presentaba signos de abuso, pidieron al Organismo Provincial de la Niñez la intervención permanente del hogar pero una serie de medidas de no innovar por parte de jueces de familia lo impiden.
Sergio Raimundo, director del programa de Niñez de la CPM, dialogó con El Termómetro y explicó la intervención del organismo en el hogar: «Nosotros tomamos intervención en el hogar Nomadelfia en enero de 2023, yendo al dispositivo por una denuncia anónima de malos tratos. Pero sobre todo, prácticas de acordar visitas a niños muy pequeños de familias que no estaban registradas en los juzgados, prácticas que apuntaban a desvincular y no vincular con las familias de origen».
«Hicimos una inspección con el mecanismos de prevención de la tortura y detectamos malos tratos, penitencias gravosas, falta de perspectivas de género y muchas salidas de les niñes no consignadas en el juzgado», detalló y recordó que «al menos dos familias denunciaron que le pidieron dinero para seguir en vínculo con su hijos y no fuese dados en adopción. Hay una investigación del año pasado a raíz de esta denuncia».
La CPM hizo un pedido de informe al Organismo Provincial de Niñez, autoridad de aplicación para los dispositivos de menores.
«Cuando nos enteramos del fallecimiento de este bebé, nos preocupó extremamente esta situación, y volvimos a activar el dispositivo. Veníamos pidiendo desde 2023 al Organismo Provincia que intervenga de otra manera por la escucha de les niñes y por la situaciones de violencia. Hoy por suerte estamos siendo escuchados, hubo un cambio de autoridades y creo que eso favoreció. Pero lo que nos encontramos hoy es que luego de una situación bastante gravosa, como el fallecimiento de un bebe, en el hogar no se tomó ninguna medida. Es más, hubo medidas de Juzgados de Familia de no innovar, osea, que los niños no sean sacados de allí», contó Raimundo a El Termómetro.
Así recordó: «Siete días después del hechos fuimos y los niños o no se habían enterado del fallecimiento del niño, o lo habían visto por los medios, no se había separado a ninguna persona del hogar. Le solicitamos al Organismo Provincia de Niñez una intervención permanente porque hay riesgo para los niños».
El integrante de la Comisión Provincial por la Memoria se refirió a los vínculos políticos de la institución: «Cuando tomamos conocimiento del cargo de esta señora, pudimos detectar casos de malos tratos y otras situaciones nos preocupamos bastante. No se cuál es le peso político, pero había una práctica favoreciendo estos procesos revinculaciones que no estaban legalizadas, lo venimos diciendo hace tiempo».
«Y venimos diciendo que nos preocupa que haya una funcionaria que trabaja con niñeces y tenga, al menos, dos denuncias de malos tratos dentro del hogar. Estamos sorprendidos por el no movimiento dentro del hogar con todas las situaciones que vienen ocurriendo», agregó.
En ese sentido, explicó que «el contexto del Organismo de Niñez es que ha habido cambios de autoridades, prácticamente, todos los años, de gente con poder de decisión. Esto genera procesos muy engorrosos de acción rápida. El organismo, vía sus zonales, debe supervisar los dispositivos. De hecho, nosotros vimos informes del zonal (Quilmes -Betazategui-Varela) sobre el Nomadelfía y la verdad es que no estaban siendo escuchados. Hoy lo que están haciendo es tratar de escuchar les niñes, lo cual es grave porque hace dos años que lo venimos pidiendo y no venía sucediendo».
«Lo grave de esto es que no es el único dispositivo no respeta los derechos de les pibes. Nosotros venimos planteando un piso mínimo de derechos, que ellos (el Organismo Provincial) supervise los lugares. Nosotros somos mecanismo de prevención de la tortura, vamos a lugar luego de denuncia o inspecciones, pero lo que nos preocupa es que hay más de 200 convenios del organismo con distintos espacios territoriales y si no existe supervisión real o acompañamiento. Estamos en graves dificultades, porque implica que los niños quedan a la buena práctica de estos lugares», sumó Raimundo a su análisis de la situación.
Finalmente, apuntó: «Como mecanismo nos preocupa muchísimo. Venimos proponiendo una mirada más profunda para fortalecer estos dispositivos. Nos preocupa que una funcionaria de un municipio x esté en funciones conociendo que tiene denuncias gravísimas. Y preocupa que no haya intervención directa luego de un abuso sexual seguido de muerte y el hogar no haya hecho nada. Si, rescatamos la investigación de la Fiscalia, la UFI N°2 del doctor Granados que toma la investigación con mucha seriedad».
