En el marco de la Comisión que discute el Juicio Político contra los Jueces de la Corte Suprema de Justicia, testigos denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
Una de las hipótesis sobre las que avanzaron los legisladores fue no haber cubierto las vacancias en el directorio del organismo. Además, se apuntó a la falta de previsión presupuestaria y anomalías en la registración contable, como así también en el “incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables a la capacidad de administración y control”.
El ex director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Aldo Tonón, que había sido citado a declarar, envió una nota a la Comisión solicitando su eximición al considerar que su declaración podría vulnerar y violar la garantía consagrada en el texto del artículo 18 de la Constitución Nacional. Los legisladores votaron a favor para reiterar la citación, con la aclaración de que puede negarse a responder las preguntas que él entienda puedan llegar a perjudicarlo en su derecho.
En otro orden, la Comisión aprobó la moción para que el abogado Marcelo Mazzeo, quien se negó a asistir en dos ocasiones a brindar declaración, comparezca por la fuerza pública, dándole intervención previamente y con la autorización del juez competente.
A la hora de las declaraciones, la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la CSJN, ratificó el informe de la auditoría realizada en la obra social desde abril del 2008 hasta septiembre de 2021, de la cual formó parte. Además, hizo hincapié en la compra y venta de medicamentos en manos de la obra social.
El contador Oscar Fernández, perito de la CSJN y también parte de la auditoría realizada en la obra social -donde se ocupó de los temas contables-, reconoció que la obra social no contaba con un sistema contable y que eso implicaba “menos información de la que debería tener y menos integrada”.
Asimismo, dijo que “el presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino que se tiene que transitar y permite observar los desvíos entre la realidad y las expectativas; en el caso de la obra social, vimos que no contaba con uno”.
La contadora Melisa Solana, quien fue Subdirectora Administrativa y Contable de la obra social del Poder Judicial, también fue interrogada. “Yo no tenía oficina privada, con lo cual cada vez que recibía a los auditores externos lo hacíamos como podíamos; y la documentación que requería la auditoría era siempre dirigida al Directorio”, dijo. Al igual que Fernández, ratificó que “no había registros contables”.
Posteriormente, María Guadalupe Burgos, funcionaria de la obra social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), fue consultada acerca de los pagos de la obra social. “Yo tengo la firma registrada en el banco para poder firmar los cheques y realizar transferencias de la obra social junto con otras personas, no es una única firma”, sostuvo.
Como parte de los testimonios para analizar el funcionamiento de la obra social expusieron también Laura Coulin y Liliana de Brito, trabajadoras judiciales afiliadas a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Ambas dieron su testimonio como damnificadas, por la falta de respuestas y reintegros de la obra social en tratamientos de discapacidad.
La Comisión de Juicio Político volverá a reunirse el próximo martes para recibir más declaraciones con eje en la gestión de la obra social del Poder Judicial.
