(Por Christian Skrilec)
A finales de los años 80, el por entonces intendente Eduardo Oscar Camaño, puso en funcionamiento el Departamento Judicial de Quilmes. La idea de Camaño se fundaba en una premisa sencilla: el servicio de justicia debía estar cerca de la gente, darle respuesta a los vecinos.
Refieren los memoriosos, que en aquellos tiempos, cuando se desarrollaba la infraestructura de los primeros tribunales de Quilmes, los fiscales atendían en la vereda a quienes iban en busca de Justicia.
Más de treinta años después, con un departamento judicial que ha multiplicado sus dependencias con edificios repartidos en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, y cuenta con decenas de empleados, fiscales, secretarios y jueces, carece de eficacia en todos sus ámbitos. Tramitar una causa en cualquiera de sus fueros, sea en un tribunal penal o un juzgado de familia, es sinónimo de trastorno.
Tal vez no escape a las reglas generales del Poder Judicial, y los tribunales locales no sean responsables de una política de justicia que se alejó tanto de los ciudadanos como para que sean muy pocos los que crean en ella. O tal vez tengan problemas de infraestructura o de personal. O aún peor, tal vez, y esta es la sospecha generalizada, tengan problemas de vocación de servicio y compromiso.
Aficionados al golf, al tiempo libre, a almorzar en los mejores restaurantes de la ciudad, a tomarse licencias que exceden la ya desmesurada feria judicial de cuarenta y cinco días al año, los funcionarios judiciales no resuelven, o resuelven tarde o resuelven mal. Desde la urgencia de revertir un fallo familiar que otorgó la tenencia a un cónyuge equivocado hasta una sanción comercial que condiciona a una empresa al cierre o a un trabajador a la pobreza, no parecen ser cuestiones que los preocupen.
Por supuesto, lo más grave, es que una decisión penal, que le cuesta la vida a un adolescente de diecisiete años, tampoco.
El crimen de Lucas Cancino volvió a encumbrar a la inseguridad como un problema insoluble del conurbano. Los hechos, trágicos, expusieron a todo el sistema. Un adolescente que iba en bicicleta a la escuela asesinado de un puntazo en la puerta de la casa de sus abuelos por delincuentes marginales, es una historia demasiado dura para soportar sin tristeza.
De nada sirve explicar que durante la pandemia, la Provincia realizó en el conurbano, y en Quilmes fundamentalmente, la inversión más importante en lo que va del siglo: cámaras, luminarias, patrulleros, móviles de seguridad urbana, etcétera. Nada de eso alcanzó para cuidar a Lucas.
La política no sufre el costo por el accionar actual, paga el precio de los errores acumulados durante años.
Los perpetradores del crimen tiene diecinueve y veinte años, y no hay justificación alguna para un hecho de semejante violencia y consecuencia como quitarle la vida a una persona. Pero lo que tenemos que observar, es que el conurbano está repleto de jóvenes y adolescentes que nacieron en este siglo sepultados en la pobreza estructural, marginados por naturaleza, sin escuela, sin salud, viviendo en condiciones deplorables enmarcados en una novela familiar violenta. En ese contexto, la vida vale muy poco, la propia y la ajena.
La política puede jugar su juego de acusaciones, inculpaciones y señalamientos, pero la verdad es que esta inseguridad se viene construyendo desde hace décadas con la irresponsabilidad y el fracaso conjunto. Obviamente, algunos siempre son más responsables que otros.
Al menos, esta vez, la policía, acostumbrada a administrar el delito en la Provincia de Buenos Aires, se ocupó de detener a los delincuentes. Tal vez, presionada por la indignación pública y la necesidad política, la justicia actúe con rapidez y ordene un fallo ejemplar. Quizás, con el tiempo, el asesino permanezca el tiempo de su condena en prisión, y no sea liberado por la desidia de alguna jueza acostumbrada a pasar por la peluquería antes de ir a la televisión a mentir impunemente…
Pero aunque esto pase, y todos tengamos la sensación que con el caso de Lucas se hizo justicia, tarde o temprano, entre una política que deja sin futuro a la mitad de la población y un Poder Judicial que sólo vela por sus propios intereses: será injusticia.
Gracias por leer.
