Este martes, en el boletín oficial se publicó una resolución en la que la Superintendencia de Salud del Gobierno Nacional que dispone “el inicio del procedimiento de baja de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA)” -que pertenece al Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA)-, debido a que no resolvió una situación de crisis solicitada en 2022 y a que tampoco respondió a una notificación, según informó el documento.
De acuerdo al organismo de comunicación gubernamental, la entidad prestadora de servicios de salud no cumplió con el plan de contingencia presentado y “no subsanó en forma integral las observaciones formuladas», por lo que se determinó que “los miembros del Consejo Directivo se constituirán como Comisión Liquidadora, bajo la fiscalización de la Comisión Revisora de Cuentas y la Sindicatura” o “promover la solicitud de quiebra”.
Además se insta a la obra social a “comunicar a su padrón de beneficiarios (que asciende a 4891) el inicio del procedimiento de baja, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de libre elección, asegurando la continuidad de la cobertura prestacional”. “De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características”, indicaron las fuentes oficiales.
El argumento que se esboza en el boletín oficial es que el 6 de mayo, el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud -creado en febrero de este año- le notificó a OSPMA que presente documentación e información actualizada sobre su situación, y que, “ante la falta de respuesta por parte de la entidad” se resolvió aprobar el inicio del procedimiento de baja.
Desde la entidad prestadora que pertenece al Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, la cual está bajo la conducción de Hernán Doval -también referente de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses-, se emitió un comunicado en el que reclama que “la magnitud de desproporcionalidad y arbitrariedad de esta medida es llamativa y da a especulaciones, ya que con balances presentados al día con superávit, se intenta dar de baja la obra social por no contestar una nota”.
Asimismo, se justificó que la declaración de crisis se realizó durante la pandemia de COVID para acceder a los Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción y cubrir la mitad de los montos salariales. También recalca que “nunca” recibieron “ningún subsidio extraordinario de la Superintendencia” ni se les “ha observado nunca ninguna irregularidad”. Se informó que se están #preparando todas las presentaciones para recurrir a la justicia e intentar subsanar” la situación.
