En el marco del incumplimiento por parte del gobierno de Javier Milei de la política social y alimentaria vigente, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO) presentó un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue concedido, y la misma fue convocada para el próximo 14 de noviembre durante las sesiones ordinarias de la Comisión en la ciudad de Washington, donde también está citado el gobierno argentino.
Allí, el secretario general de la UTEP Alejandro Gramajo expondrá la grave situación que están viviendo los sectores más pobres de nuestro país a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales que está llevando adelante el gobierno nacional, lo que representa una vulneración a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jubilados y trabajadores informales, garantizados en los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe con jerarquía constitucional.
La UTEP acude a la CIDH como una instancia más de reclamo luego de que el gobierno nacional decidiera, no solamente incumplir con las políticas sociales vigentes, sino además ignorar los fallos de ocho jueces federales tanto del fuero penal como del fuero contencioso administrativo que ordenaban al Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable.
Durante la audiencia, los representantes de las organizaciones expondrán detalladamente la situación de cada una de las políticas sociales y le pedirán a la CIDH que concrete una visita a la Argentina para corroborar lo expuesto y pronunciarse al respecto. En caso de concretarse, sería un importante precedente en la evaluación del impacto de políticas de austeridad y regresividad de los derechos de los trabajadores de la economía popular.
El pedido presentado por la UTEP detalla la situación de las políticas alimentarias y el estado de las causas judiciales, el Potenciar Trabajo, el Monotributo Social y la Integración Socio Urbana. En ese sentido, explica “desde el mes de diciembre de 2023 a ésta parte, el Estado Nacional ha tomado la decisión deliberada de emprender un camino dirigido a la paralización, desmantelamiento y estigmatización de dichas políticas, alejándose así no solo de los normas éticas y morales que hacen a la condición de ser humano sino también de principios legales fundamentales como los derechos sociales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos en lo que respecta al derecho al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación y a la vivienda (art. 34, 45 y 46), el compromiso de Progresividad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en términos de derechos económicos, sociales y culturales (Art. 26), y la realización del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador)”.
“Nuestro país tiene una larga tradición de protección de los derechos sociales y laborales y mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables a partir de políticas públicas concretas. Hoy estamos sufriendo un retroceso en todos esos derechos, lo que representa una violación a nuestras leyes y normativas pero fundamentalmente la vulneración de los derechos humanos de los más humildes que están sumergidos en la pobreza, la indigencia y el Estado no solo les soltó la mano sino que reprime violentamente cada reclamo”, explicó Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP, quien hace algunas semanas participó de un encuentro junto al Papa Francisco en Roma, y agregó: “No es torpeza, es un plan de miseria planificada para matar de hambre al pueblo”.
Cabe recordar como antecedente que la visita de la CIDH a nuestro país en 1979 permitió documentar las atrocidades de la dictadura y alzar la voz de las madres y las abuelas de plaza de mayo al escenario internacional. En las décadas de democracia, también se ha expedido en casos de responsabilidad del Estado en desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias.
