Ayer, el Directorio del Puerto de Dock Sud aprobó por mayoría la extensión por 10 años del permiso de uso del espacio portuario que actualmente usa la firma EXOLGAN, el cual entrará en vigencia a partir del 5 de agosto de 2025 (fecha en la cual se vence el permiso actual). El intendente de Lanús, Julián Álvarez, desde su lugar de director en el organismo se opuso y planteó que «la iniciativa privada no favorece los estándares mínimos de transparencia».
El dato que hizo saltar las alarmas es que la aprobación de esa extensión es que se sujeta a la condición de una obra de ampliación del puerto, bajo iniciativa privada: “llevar a cabo una Obra de Infraestructura que implica la demolición del actual sitio 1 de atraque y la construcción de un nuevo muelle de aproximadamente 750 metros de largo. El monto estimado de la inversión es de DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL (U$D 95.053.000,00) con un plazo de ejecución de tres (3) años, y una inversión complementaria de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y OCHO MILLONES (U$D 48.000.000,00) ejecutada durante los diez (10) años de concesión y ofrece un sobre canon anual de DOLARES ESTADONUNIDENSES CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL (U$D 4.500.000)”, según cita lo aprobado.
En representación de los municipios de la Región (Lanús y Quilmes), Álvarez rechazó la iniciativa. Los fundamentos del rechazo consisten no solo en cuestiones de forma, sino también en que la iniciativa privada no favorece los estándares mínimos de transparencia, ya que evita la licitación pública internacional y no propicia la libre competencia entre oferentes.
Sin embargo el punto central del rechazo está en que la ampliación del puerto profundizaría el daño ambiental y la infraestructura urbana de los caminos desde y hacia el puerto, y en este sentido el Intendente de Lanús se reversó el derecho de cautelar la decisión, según puede leerse en el acta de la reunión de Directorio del día jueves 14 de noviembre: «La ampliación del puerto profundizará el daño ambiental y perjudicará la infraestructura urbana de los caminos que van desde y hacia el puerto. En caso de que esto se apruebe nos reservamos el derecho de accionar judicialmente por las vías legales que correspondan».
Esta decisión tomada por la mayoría del directorio profundiza el reclamo que viene realizando Julián Álvarez desde que asumió su cargo en el consorcio el 4 de abril de 2024, el cual exige a las empresas que operan en el puerto que se hagan responsables por los daños ocasionados en la infraestructura vial de los distritos concernientes al puerto (Avellaneda, Lanús y Quilmes), ya que de expandirse el mismo, tanto la logística como sus consecuencias serán evidentemente mayores.
Cabe destacar que dicha pretensión tiene su correlato en la causa judicial que tramitan como demandantes los Intendentes de Lanús y Quilmes, donde se reclama una indemnización por daños y perjuicios y en donde ambos municipios podrán demostrar la existencia del daño temido por la expansión mencionada.
