El Gobierno suma una nueva contradicción sobre posibles cortes programados de energía. Luego que el jefe de Gabinete Guillermo Franco los anticipará públicamente y que desde la secretaría de Energía lo negarán, ahora establecieron un «Plan de Contingencia y Previsión para meses críticos del período 2024/2026».
La medida apareció hoy en el boletín oficial a través de la resolución 924. Plantea la creación de un plan de contingencia con la finalidad de «evitar, reducir o mitigar la crítica condición de abastecimiento de energía para los días críticos del período 2024/2026».
Entre las medidas que prevén para el sistema generación, desde la secretaría autorizan a importar energía de países limítrofes, para combatir las horas pico; e incorporar un esquema de remuneración adicional, complementaria y excepcional en base a potencia disponible (remuneración fija) y generación (remuneración variable) que promueva la disponibilidad de las centrales de generación térmica en meses y horas críticas, con vigencia desde diciembre de 2024 a marzo de 2026, prorrogable por 12 meses más.
Por otro lado para el sistema de transporte buscan fomentar las inversiones en ampliaciones de los sistemas de transporte de energía eléctrica, con la finalidad de propender a garantizar el abastecimiento y otorgar seguridad al sistema.
Finalmente para el sector de distribución solicitarán al ENRE que instruya a las empresas distribuidoras de jurisdicción federal para que, dentro de un plazo máximo de 15 días desde la publicación de la presente medida, presenten un Programa de Atención de Contingencias ante situaciones de indisponibilidades en sus áreas de concesión.
Este programa, junto a un informe de evaluación por parte del ENRE, serán remitidos a esta Secretaría. El contenido del programa deberá detallar como mínimo: las acciones de mantenimiento preventivo para evitar fallos mayores y asegurar que la infraestructura existente funcione a su máxima capacidad; el alistamiento de medios físicos incluyendo las disponibilidades de las Unidades de Generación Móvil (UGEM), propias o contratadas, y humanos para afrontar las contingencias; un centro de atención telefónica, de funcionamiento continuo, con personal apto y suficiente para atender las consultas y/o reclamos de los usuarios; un esquema de atención proactiva hacia los usuarios por parte de los prestadores del servicio público de distribución, con información suficiente respecto de las condiciones del servicio y en caso de corresponder su restitución.
Adicionalmente, el informe deberá contener el régimen de sanciones ex-post por incumplimiento de las acciones previstas en los términos de los Contratos de Concesión vigentes.
Finalmente, el Gobierno implementará un mecanismo de gestión de demanda de los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS), voluntario, programado y remunerado que permita contar con oferta de reducción de carga a precio.
Todo será controlado por un «comité de seguimiento» que se crea. Mientras que invitan a las provincias a adherirse a fin de «evitar, reducir o mitigar el impacto en el sector Distribución, en el ámbito de sus jurisdicciones».
