El proyecto «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» finalmente tendrá tratamiento este miércoles con dudas de lo que pueda ocurrir en el recinto de la Cámara Alta. La norma cuenta con media sanción en Diputados, pero sufrió varios cambios desde aquel primer texto, que incluía 664 artículos. Ahora llega recinto con tan solo 232 artículos, en su versión general.
Los temas más polémicos de la Ley Bases son, entre otros, las facultades delegadas, las empresas a privatizar, el RIGI, las modificaciones en jubilaciones y la reforma laboral. En cuanto al paquete fiscal, las miradas están puestas sobre el Monotributo Social, el regreso del Impuesto a las Ganancias, el blanqueo de capitales y Bienes Personales.
Las facultades delegadas, que a través de la norma, se le entregarán al Presidente fueron recortadas de la versión original y son por un año, renovable por el Congreso de la nación. No obstante, se especula con que este punto podría tener aún más modificaciones cuando se discuta en el recinto.
En cuanto a la privatización de empresas se bajó la cantidad de 41 empresas originales a 9. El proyecto estipula la privatización total para cuatro empresas estatales: Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., Intercargo SAU. Hay dudas respecto de si el oficialismo conseguirá los votos especialmente en el caso de Aerolíneas y Radio Nacional.
Algunas empresas podrían ser privatizadas de manera parcial o concesionadas. Es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa); Correo Oficial de la República Argentina S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A. En este punto el mayor debate estará en el caso del Correo.
Uno de los puntos que genera mayor polémica es el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) que impulsa el gobierno. Con este régimen el presidente Javier Milei busca atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares y fomentar la llegada de capital extranjero y nacional.
Un cambio clave de la oposición fue en el artículo 163 que declaraba “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al RIGI. En este caso, quedó que sólo aplica a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al régimen.
Una de las criticas mayores fue que este régimen dejaba en desventaja a los proveedores locales frente a los globales. A partir de esto es que se incluyó un inciso que prevé el desarrollo de las cadenas de producción locales así como también limitar el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada. Asimismo, se eliminó el artículo que establecía que a partir del tercer año no había imposibilidad para el giro de dividendos y utilidades de las compañías que estén en el RIGI.
No obstante, siguen habiendo fuertes críticas al régimen. Desde el Centro de Economía Política (CEPA), argumentan que el RIGI otorgará «excesivos beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años”. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) coincidió con la CEPA al advertir que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local, al permitir importaciones sin aranceles. El organismo económico destaca esto: «el RIGI pone en riesgo toda la industria local y sus puestos de trabajo al facilitar la importación de bienes que compiten con lo nacional». Otros sectores opositores argumentan que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares deja fuera a las Pymes, que generan la mayor cantidad de empleo en el país. Asimismo, la organización que conduce Hernán Letcher, explicita que la normativa que impulsa el oficialismo «aumenta el gasto tributario», y coloca al CIADI (una institución bancaria estadounidense) como tribunal de resolución de conflictos».
La norma también aplica modificaciones para las jubilaciones y afecta principalmente a las mujeres. Se deroga la Ley N° 27.705 (artículo 277) eliminando así última moratoria previsional e implica un aumento de la edad jubilatoria para las mujeres de 60 a 65 años. Actualmente, nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez varones acceden a una jubilación mediante la moratoria.
La reforma laboral incluye modificaciones como la extensión de la jornada de prueba o período de «pasantía». Actualmente son de tres meses, pero la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para mipymes de hasta 5 trabajadores.
En segundo lugar, se implementa el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones). En tercer lugar, se derogan las multas por no registración laboral.
Además, se reduce la licencia de maternidad pre parto de 45 a 10 días y se crea la figura de «trabajador colaborador» para personas que no estén en relación de dependencia, pero puedan realizar igualmente aportes de seguridad social.
Finalmente en el paquete fiscal se restituye la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. El nuevo mínimo no imponible será de $ 1,8 millones brutos (el sueldo antes de los descuentos) para solteros y $ 2,2 para casados con 2 hijos. Sin embargo, el Gobierno cedió recursos para conseguir los votos de las provincias patagónicas: aceptó que para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz el mínimo no imponible será un 22% más.
En cuanto al Monotributo social, una de las críticas que recibió el paquete fiscal era que planteaba el fin del llamado monotributo social por la suba abrupta de su cuota. Finalmente se mantiene con un esquema en el que quien adhiera pagará $9.800 en carácter de jubilación y la obra social será optativa. Tendrá la posibilidad de no pagar el componente impositivo y podrá facturar hasta $3 millones.
El blanqueo de capitales de Milei permite regularizar hasta US$ 100.000 sin necesidad de pagar ningún recargo. Sí se incorporó la imposibilidad de blanquear a hermanos y a quienes hayan sido funcionarios públicos desde 10 años a la actualidad. El texto original limitaba a los últimos 5 años. Los que ingresen ahora tampoco podrán exteriorizar capitales en futuros blanqueos hasta, al menos, 2038. Además para quienes ingresen al blanqueo sufrirán una suba del 20% en las alícuotas de Bienes Personales.
En cuento a las regalías mineras, en el artículo 112 del paquete fiscal, el penúltimo del texto, se establece que las provincias mineras podrán aumentar sus regalías del 3% actual al 5%.
