Claudio Boada, abogado y presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores habló con El Termómetro luego de haber participado de la primera audiencia pública por el aumento de la tarifa de gas. Explicó que el gobierno nacional pretende suprimir totalmente el subsidio en tres meses y que las empresas pidieron aumentos entre el 300 y el 400 por ciento. Desde las entidades de consumidores rechazaron esos aumentos por considerarlos “desmedidos” y que prevén una alta judicialización de la medida.
Boada explicó que en la audiencia pública el gobierno nacional manifestó su intención de suprimir totalmente el subsidio al gas en un 33 por ciento por mes durante tres meses, lo que significa casi un 80 por ciento de aumento en la boleta por mes, y que, por su parte, las empresas pidieron un aumento de entre el 300 y el 350 por ciento y las distribuidoras entre un 400 y un 450 por ciento, además de que haya aumentos mensuales atados al índice de precios al consumidor.
“Nosotros como asociaciones de consumidores rechazamos estos aumentos desmedidos, también esta pretensión de aumentar mes por mes la factura y este rechazo no fue solo de las asociaciones sino también funcionarios de gobiernos provinciales, como el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, de más de quince defensores del pueblo de diferentes puntos del país y distintas asociaciones, todos excepto las empresas rechazaron aumentos de semejante envergadura que te llevaría a multiplicar por cinco o seis lo que pagamos habitualmente, el bolsillo de los argentinos no da para semejante aumento”, sostuvo, al tiempo que considero que un aumento de esa envergadura será “confiscatorio”.
Respecto de la postura del gobierno nacional Boada contó que en se manifestó que “van por la supresión total de los subsidios”, que en eso es “categórico” y que se va a hacer en sólo tres meses, además de que la escucha de los representantes del gobierno es sólo hacía las empresas y para “consentir sus pretensiones”.
Consultado sobre que cree que pasará cuando se efectivicen estos aumentos Boada sostuvo: “Se va a reducir los niveles de consumo, los sectores medios tratarán de mantenerlo lo más posible, los más vulnerables aumentaran la mora al principio y después aumentaran los cortes, la Constitución dice que las tarifas tienen que ser justas y razonables, la justicia en esto ya lo dijo, que cuando una tarifa expulsa o le quita la posibilidad a los usuarios el servicio no es justo ni razonable, vamos a entrar en ese debate, mucha gente va a colgarse, va a reducir el servicio y va a empeorar la calidad de vida de la gente”.
El abogado consideró que “va a haber una alta judicialización” de los aumentos. “Como pasó en la época del macrismo, en 2016, por la falta del llamado a audiencia pública, hubo unos 80 amparos en todo el país. Pienso que como ahí se definió que no se puede fijar tarifas sin audiencia previa tenemos que llegar a una postura de qué es una tarifa justa y razonable y lo tendrá que definir la justicia. No sabemos si la justicia va a ser complaciente con el gobierno o va a defender a los usuarios”, cerró.
