Héctor Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, declaró en la Comisión de Juicio Político, que preside la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT), y denunció que recibió «amenazas» por parte de funcionarios del máximo órgano judicial, luego de ser desplazado por un informe sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
Marchi enmarcó la situación de la obra social en la última década y denunció “amenazas y seguimientos” después del informe sobre el manejo de la obra social.
«Nuestro traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que hemos trabajado en la auditoría de la obra social”, dijo. “Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que exceden el tema de la obra social, que generan mucha presión en mi pero no impide venir y contar la verdad”, añadió.
“En la auditoría lo que hicimos fue solamente detectar todas las falencias de una obra social en todos los sentidos para mejorarla para 100 mil afiliados que se merecen un mejor servicio de salud”, explicó también.
Asimismo, Marchi expuso que el responsable de la gestión de la obra social fue el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, y también apuntó contra Sergio Robles, el vocero y colaborador cercano del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, “por las operaciones de prensa, las amenazas y los seguimientos”.
“Esto es una vergüenza, porque la Corte Suprema no puede tener esta informalidad. Yo estuve con siete ministros, a los cuales tuve que jurar dignidad, respeto y cuidado por la institución. Hoy realmente eso no sucede. Y va terminar como la obra social, ese es el final de todo”, recalcó.
En la reunión también expusieron Gustavo Montanini, docente de la UBA; y el abogado Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte Suprema.
La Comisión continuará su labor el próximo jueves, en el marco de la investigación contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.
