El conflicto dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Avellaneda sumó un nuevo capitulo ya que desde la Comisión Administrativa, integrada por la mayoría de secretarios y delegados, reclamaron que la Secretaria General Susana Ferreyra no entrega las llaves del sindicato luego de la intervención administrativa y financiera que realizó provincia tras el pedido que realizaron desde Avellaneda para poder regularizar la situación local.
“Hace aproximadamente un año que el 80 por ciento de la Comisión Administrativa nos encontramos impedidos de ejercer funciones en nuestra Seccional por decisión de Ferreyra y una representación minoritaria de la comisión administrativa que la acompaña. Se intentó por todos los mecanismos institucionales sacar a nuestro sindicato de la vergonzosa parálisis en la que se encuentra desde diciembre de 2021. Sin embargo, la mayoría de quienes conformamos el Secretariado, 13 vocales, decenas de Juntas Internas y delegados de los diferentes sectores nos encontramos impedidos de ejercer las funciones para las que fuimos votados por las afiliadas y afiliados”, expresaron los secretarios en un comunicado.
En esa línea, señalaron que “mayoría de los beneficios sociales, como por ejemplo los reintegros por medicación y servicios fúnebres, se encuentran suspendidos debido a la impericia e ineptitud de la secretaria general” y que “el lunes 19 de diciembre se realizó una reunión de Comisión Administrativa a la que Ferreyra y los integrantes de la comisión administrativa fueron convocadas por Carta Documento, pero no se hicieron presentes”.
“Ante la imposibilidad de garantizar un funcionamiento pacífico y democrático, los graves desmanejos administrativos financieros, la intrusión de nuestra sede y la parálisis político gremial de nuestra organización llevados adelante por Ferreyra, solicitamos por unanimidad al Consejo Directivo de ATE Provincia de Buenos Aires la inmediata intervención Administrativa y Financiera de nuestra Seccional a fin de normalizar su funcionamiento y así poder garantizar la atención social y gremial, poniendo a resguardo el patrimonio todos los afiliados y afiliadas”, añadieron.
Y cerraron: “Por lo tanto, la decisión del Consejo Directivo Provincial responde a un pedido urgente de La Comisión Administrativa de Avellaneda, ante la grave crisis política que sufre la Seccional debido al comportamiento de la secretaria general Susana Ferreyra deberá aprender a reconocer a la mayoría de la Conducción de ATE Avellaneda, respetar el funcionamiento de sus cuerpos orgánicos, llevar adelante sus decisiones y comprender que la organización se encuentra por encima de las personas”.
Desde el sector de secretarios aseguraron a este medio que todo lo que tiene que ver con lo financiero cómo el pago de bonos y reintegros está garantizando y las actividades que tienen que ver con el desarrollo social se van a seguir realizando.
También explicaron que Ferreyra no quiere abrir el sindicato y al no haber secretario de finanzas se pidió una intervención financiera para que den cuenta de en qué se está gastando el dinero y que pese a la notificación de provincia, no abrió las puertas para que entre la interventora.
Por último, subrayaron que el motivo de la intervención administrativa y financiera no se dió por orden del secretario general provincial, Ruben de Isasi o del titular de nación Hugo Godoy, como desde el sector que acompaña a la secretaria general acusaron, sino que fue por pedido de los secretarios ante la situación que vive el sindicato.
