La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron al gobernador Axel Kicillof un documento donde reclaman que la Policía que conduce el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cese es «una vieja y repudiable práctica» que consiste en «trasladar a policías sospechados a otra dependencia donde la comunidad desconoce esa situación».
En el texto, ambas organizaciones en Derechos Humanos les trasmiten al Gobernador su «honda preocupación por el desarrollo continuo de una práctica que contraviene la función propia de las fuerzas de seguridad y genera una profunda desconfianza social hacia las mismas», en referencia a «los traslados de efectivos policiales desde una repartición en la que han tenido una actuación sospechada de delictiva a otra repartición en la que muchas veces suele desconocerse esa circunstancia», explicaron mediante un documento membretado que lleva la firma de Guillermo Torremare, Eduardo Tavani y Soledad Astudillo, presidentes y presidenta de la APDH, y por la Comisión Provincial por la Memoria, con su secretario, Roberto Cipriano García, su presidenta, Dora Barrancos, y su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
El escrito, confeccionado el 20 de julio pero presentado hoy luego de la recolección de todas las firmas, agrega que esta cuestionada práctica de traslado de policías cuestionados «es habitual y se remonta en el tiempo» y «es inaceptable porque importa la convalidación de conductas sospechadas, por parte de integrantes de la fuerza que debe velar, precisamente, por la prevención del delito».
«A ello se le suma la lógica desconfianza social que genera en una comunidad alertada, la llegada de esos efectivos sobre los que pesa la presunción de haber sido parte de acciones ilegales, desconfianza que conspira contra toda política pública de consolidación de una seguridad democrática a la que aspiramos», continuaron en el texto que reclama al gobernador sobre esta situación.
En el mismo sentido, ejemplificaron con un caso muy reciente, el del comisario inspector Marcelo Amaya, quien se desempeñaba como jefe de Policía Comunal en Laprida, y el comisario Cristian Barrios, jefe de la Estación de Policía Comunal de la misma ciudad, donde el 5 de junio pasado se produjo la muerte de Daiana Abregú. Para los organismos de DDHH, ambos «resultan ser -cuanto menos- responsables funcionales de su deceso, en tanto jefes respectivamente, de la fuerza que estuvo a cargo de su aprehensión y custodia y de la dependencia donde se produjo ese gravísimo hecho, lejos de haber sido separados preventivamente de sus cargos, fueron trasladados a cumplir funciones en la ciudad de Tres Arroyos».
«La persistencia del mecanismo que criticamos es violatoria de la ley orgánica policial –Nro. 13.482- cuyo espíritu propicia que las fuerzas de seguridad sean absolutamente respetuosas de los derechos humanos, lo que es tributario de los mandatos constitucionales tanto en la Nación y como en la Provincia», finalizaron, no sin antes pedir al gobernador que «se dispongan las medidas normativas necesarias para impedir la práctica aquí denunciada».
La APDH es una entidad nacional promotora de derechos humanos, nacida en 1975, que cuenta con doce regionales en la provincia de Buenos Aires, en tanto que la Comisión Provincial por la Memoria es un organismo provincial público autónomo y autárquico creado en 1999 con el fin de promover políticas públicas de derechos humanos y actuar como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura conforme la Ley Nacional 26.827.
