La familia Kener Velázquez denuncia que un empresario que se adjudica la propiedad de sus campos, con complicidad policial y una patota ingresaron al predio con la intención de sacarlos. Ellos forman parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena – La Vía Campesina; viven en ese campo desde hace más de 40 años, produce alimentos y lleva a cabo una unidad productiva agroecológica que da trabajo a numerosas personas de la comunidad. La situación de los lotes está judicializada.
Según denuncian, un empresario, policías y una patota entraron al campo de una familia, la golpearon, se llevaron detenido a uno de los miembros y provocaron destrozos. En un comunicado señalan que el empresario, Joaquín del sagrado corazón de Jesús Somoza, y su hijo Martín Somoza, ingresaron de forma ilegal y violenta, junto con policías y una patota, al campo la familia Kener Velázquez, ubicado en la localidad de Ministro Rivadavia, Almirante Brown donde provocaron destrozos, golpearon a los habitantes y se llevaron detenido a uno de ellos.
La familia cuenta que con armas de fuego, machetes y palos, un grupo de 30 personas entraron al campo acompañados por un subcomisario de apellido Paez, del Comando de Patrullas de Ministro Rivadavia. También ingresaron una máquina retroexcavadora, rompieron alambrados y trazaron una huella dentro del campo para abrir una supuesta calle, que no está inscripta en ningún dominio catastral. Todo esto, dicen, sin autorización legal.
Juan Velázquez explicó a El Termómetro que esta situación comenzó en el año 2014 cuando ingresaron al predio efectivos policiales y supuestos fiscales con una orden de desalojo, durante un tiempo vivieron en la vereda del predio hasta que la justicia a fines de 2015 los habilitó a volver mientras la causa aún sigue tramitando a la espera de una resolución definitiva.
Velázquez explicó que empresarios reclaman la propiedad, la cual dicen compraron, pese a que la familia vive allí hace más de 40 años, ya que las tierras le fueron entregadas por la empresa Los Hornos para trabajar la tierra aunque no están los papeles de propiedad regularizados. Los empresarios habrían comprado 26 hectáreas en las que se encuentran las 5 que ocupa la familia.
En esta ocasión no había ningún tipo de orden de la justicia para que ingresaran al predio, donde funciona una unidad productiva que da trabajo a más de cuarenta y cinco personas de forma coordinada con diferentes movimientos sociales.
