Por Gloria Pagés, Hermana de desaparecidos, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
Hoy se cumple un año de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Un año de este crimen de estado que permanece absolutamente impune. Este triste aniversario se da cuando el gobierno acaba de reglamentar el decreto que modifica el rol de las Fuerzas Armadas y las habilita para actuar en seguridad interna, lo que constituye un grave salto en la política represiva del gobierno.
Desde que Santiago desapareció, y más crudamente durante los 78 días en los que estuvo desaparecido, el gobierno y los grandes medios de comunicación, buscaron, por un lado, sembrar pistas falsas y le dieron credibilidad a versiones ridículas sobre su paradero, y por otro, defender el accionar de la Gendarmería.
Es claro que Santiago Maldonado participaba de una protesta con la comunidad mapuche en la Ruta 40 y fue víctima de una planificada y salvaje represión, ejecutada bajo las órdenes políticas de funcionarios nacionales como Patricia Bullrich y Pablo Noceti. En ese marco llegó al río. No estaba paseando, no estaba pescando, no dio un mal paso y se cayó. No. Santiago llegó al río perseguido, huyendo, y desapareció. Su muerte no fue accidental, fue conducido a ella por un operativo de más de 100 gendarmes, 50 de los cuales ingresaron al territorio mapuche de forma absolutamente ilegal, con camionetas y un camión de la fuerza. Llegó perseguido a poca distancia por un pelotón de entre diez y doce gendarmes que corrió alocado, armado con escopetas y disparando hacia el río, llegando hasta su orilla con la orden expresa de detener manifestantes. Algunos, incluso, ingresaron a la Pu Lof con armas 9 mm.
Con todas esas pruebas sobre su mesa, la ministra Bullrich exclamó: “No voy a hacer la injusticia de querer tirar a un gendarme por la ventana y echarle la responsabilidad. Me la banco yo”. Y esto es así porque decidieron políticamente que lo mejor que podían hacer era reivindicar aquel violento operativo contra la comunidad mapuche en que quemaron sus pertenencias, robaron sus cosas y reprimieron bestialmente. Porque “necesitamos a la Gendarmería para los planes que tiene este Gobierno”, dijo Bullrich. Porque consideran necesario sembrar el temor en la población y que nadie proteste ni se oponga a sus planes de ajuste y entrega.
Llegaron hasta el extremo de hacer espionaje sobre la familia de Santigo y sobre los organismos de derechos humanos que los acompañamos. Y que todo lo hicieron ante los ojos de la Justicia, que no tomó una sola medida para impedirlo.
El Gobierno de Cambiemos dio órdenes precisas –y sigue brindando información de la causa o de inteligencia muchas veces falsos– a sus medios de comunicación afines para que cada vez que se hablara de esa comunidad mapuche perseguida con la cual Santiago se solidarizó, se la mencione como parte de una red terrorista. Sembrar pistas falsas, demonizar a la víctima y a su familia, a los organismos de derechos humanos y pretender configurar a un “enemigo” en la figura de los mapuches forman parte del manual para encubrir un crimen estatal. En este caso, la desaparición y muerte de Santiago. Todo esto con el aval del poder judicial que es la cobertura de impunidad necesaria, que habilitó no solo el plan para desviar la búsqueda de Santiago sino que a un año de su desaparición y muerte, no hay un solo gendarme procesado.
Ese “enemigo” que, más concreto o abstracto según el momento, hoy les sirve para justificar la entrada de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Hoy no puede pasar como un día más. Hay que salir a la calle. Exigir justicia por Santiago y el castigo a todos los responsables de su desaparición y muerte. Que este crimen de estado no quede impune, porque será un grave precedente para las luchas por venir.