El titular de la UFI N°1 de Berazategui, Daniel Ichazo, dialogó con El Termómetro respecto a la investigación en torno a la red de trata de personas que funcionaba en dicha localidad, y a través de la cual se logró capturar a tres hombres acusados de trata y explotación infantil.
Dieciocho menores de entre 5 y 10 años fueron rescatados en Berazategui donde eran obligados a trabajar en las quintas del Parque Pereyra. La situación fue develada luego de que una maestra denunciara en la fiscalía que una de sus alumnas tenía las manos quemadas, producto de maniobrar pesticidas y diferentes sustancias tóxicas. Según informó Ichazo, tres hombres fueron detenidos y los menores junto a sus familias, que habían sido traídos engañados de Bolivia, fueron puestos a disposición del Estado.
“La situación de los chicos y la familia está siendo asistida por los organismos estatales y asegurarles una continuidad en su fuente laboral, en generar conciencia para que produzcan su trabajo” sostuvo el Fiscal y advirtió que “lamentablemente en estos delitos se naturalizó que haya gente explotada y a la sociedad en general no le llamé la atención”. Además aseguró que hay una falla en el deber del Estado, “esto es un caso en muchos otros que indudablemente no estamos viendo”, indicó.
En la misma línea, Ichazo refirió al trabajo en torno al desbaratamiento de redes de trata con fines sexuales, y el caso de la familia de Ezpeleta en el cual un matrimonio prostituía a sus hijas dentro de su casa. “No puedo entender que haya este tipo de explotación de menores en distintos barrios de nuestro distrito. Estamos invisibilizando lo que pasa y nadie interviene”, manifestó.
Asimismo, resaltó que si bien los lugares en donde se levan adelante las prácticas de explotación sexual ya no son reconocidos a plena luz del día y se ha reducido considerablemente la presencia de este tipo de albergues en la región, “uno tiene que reconocer q hay una falta de compromiso estatal con los temas de trata”. En ese sentido resaltó el trabajo que llevan desde la Fiscalía desde hace ya varios años en conjunto con el Obispado y la Universidad Nacional de Quilmes. “A través de estos organismos uno intenta llevar estas situaciones para visibilizar y concientizar estos delitos como flagelos hacia las personas”, indicó.
Por otro lado, apuntó al rol de la sociedad civil en este tipo de delitos y advirtió que en comparación con el año 2016 “las denuncia de trata de personas se han reducido considerablemente”. “El trabajo que hicimos años atrás fue positivo y se redujeron los delitos de explotación en la región, pero no quiere decir que no sigan existiendo. La explotación de personas reditúa económicamente en cualquier estrato social, y se van a reinventar para poder seguir haciéndolo”.
