En una sesión que se extendió por casi tres horas, el Concejo Deliberante de Lanús aprobó por mayoría la preparatoria de la ordenanza fiscal e impositiva, la cual prevé una suba promedio del 36 por ciento en la tasa de servicios generales para 2017. Con esa suba, el próximo año apuntan a recaudar 1500 millones de pesos más en la comuna.
En línea con el panorama nacional, el Cuerpo se manifestó en contra de la “armonización entre los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y la ANSES” y acompañaron una adhesión a la declaración de la ley de emergencia social.
La iniciativa del Ejecutivo que apunta a modificar la escala impositiva en el distrito deberá ser refrendada el 6 de diciembre por la Asamblea de Mayores Contribuyentes. La aprobación se da por descontada ya que sólo tuvo el rechazo del Frente para la Victoria (FpV), desde donde aseguraron que las subas podrían ser “muy superiores”.
“En el articulado queda aclarado que el impuesto no superará el doble de lo abonado en el mismo concepto en el ejercicio anterior. En los medios se dijo que el aumento iba a ser del 36 por ciento pero este artículos nos indica que el incremento puede ser de hasta un 100 por ciento”, resaltó el presidente de la bancada del FpV, Héctor Montero.
Por otra parte, reparó en que habrá modificaciones para determinar el valor de las tasas ya que aumentarán dependiendo de la valuación del inmueble y no del lugar de residencia. Hasta el momento, el distrito estaba dividido en cuatro zonas (A, B,C y D) que también incluía a comercios e industrias, los cuales ahora pasarán a integrar otra propia del sector.
Además, agregó el edil, “la base imponible de la tasa será la valuación fiscal municipal que estará compuesta por el valor inmobiliario de referencia que exige ARBA”.
En sintonía con el apoyo que recibió en el Senado de la Nación, desde el Deliberativo adhirieron al proyecto de ley para la declaración de la Emergencia Social en el país. La propuesta fue respaldada por todos los bloques de la oposición y se debatió en presencia de las organizaciones sociales y sindicales que impulsaron la movilización al Congreso que se realizó el viernes
“Hay cuatro grupos diferenciados: la pobreza estructural, los sectores vulnerables, la clase media y la clase alta. A los dos grupos de abajo el gobierno de Macri no los está interpretando”, sostuvo la concejal del Frente Renovador Adriana Storni y agregó que también “debería declararse la emergencia alimentaria”.
Por su parte Montero se sumó al pedido debido a que el país “está viviendo una profunda crisis”. Si bien admitió “esto viene de atrás”, enfatizó en que la administración actual profundizó esta situación.
“En la gestión anterior empezamos con un 50 por ciento de pobres y el 25 por ciento de desempleo y lo fuimos mejorando. Por supuesto que todavía faltaba, pero las políticas implementadas por este gobierno han provocado un enorme retroceso: Macri reconoce la pobreza pero no invierte en lo que él denomina gasto social”, expresó.
Otro de los temas destacados del debate fue la fusión del IPS y la ANSES, uno de los puntos incluidos dentro de la denominada ley. Tanto el FR, el FpV y los otros dos bloques justicialistas presentaron proyectos alusivos, los cuales finalmente se unificaron, para manifestar su “total negativa” a la implementación de la propuesta.
Integrantes de SUTEBA, ATE Y CICOP presentes en el recinto alentaban el tratamiento del expediente y celebraron su aprobación.
