La Justicia revocó la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora consideró que un juez no puede dejar sin efecto una norma nacional mediante una resolución provisoria de alcance general.
La decisión dejó sin efecto la orden de la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, quien había intervenido ante un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Asociación Civil No Seas Pavote, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, por la situación de adolescentes alcanzados por la normativa.
En ese sentido, los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi sostuvieron que las leyes sancionadas mediante los mecanismos constitucionales tienen presunción de legitimidad. Según indicaron, una norma solo puede ser neutralizada mediante una declaración de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad dentro de un caso concreto y no a través de una medida preventiva con efectos generales.
Los magistrados señalaron además que la política criminal corresponde a la esfera del Poder Legislativo. En ese sentido, indicaron que los tribunales no pueden evaluar la conveniencia de las normas aprobadas por el Congreso ni evitar su aplicación por considerar que podrían producir consecuencias injustas o inapropiadas. También ordenaron a Pascual revisar con urgencia su competencia en el hábeas corpus.
La resolución respondió a una apelación del Ministerio Público Fiscal, que cuestionó los argumentos utilizados para suspender la aplicación de la norma. El organismo sostuvo que la cautelar estaba basada en posibles consecuencias futuras y no acreditaba una afectación ilegal o arbitraria concreta sobre un adolescente determinado que justificara impedir temporalmente la vigencia de la legislación.
La jueza Pascual es especialista en derecho de familia, exfuncionaria duhaldista, trabajó en iniciativas para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La magistrada de Lomas de Zamora, que el año pasado recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), quedó en el ojo de la tormenta por la suspensión del Régimen Penal Juvenil en la Provincia.
