Los bloques de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante de Florencio Varela para quitarle la concesión a la línea 512 propiedad de la empresa San Juan Bautista. La decisión llega después de la muerte de Sebastián Miere, el joven que fue atropellado por un colectivo, luego que se rompa el piso de la unidad y caiga en el asfalto.
El hecho ocurrió el pasado 2 de agosto. El joven de 20 años falleció tras ser atropellado por un colectivo de la línea 512 después de que el escalón de la puerta delantera cediera y esto lo hiciera caer al pavimento, y finalmente las dos ruedas traseras lo arrollaran. Según testigos y el propio chofer, el colectivo, modelo 2011 con patente JZO567, iba lleno y el inspector permitió que los pasajeros viajen hasta la puerta delantera donde, minutos después, ocurrió el horror.
El municipio realizó una inspección a la empresa, mientras que trascendió que la justicia imputó al dueño de la empresa San Juan Bautista.
En ese marco, los concejales de JxC y LLA presentaron un proyecto en el Legislativo local para quitarle la concesión de la línea 512 a la empresa involucrada. Al tiempo, piden que se llamen de forma inmediata a una nueva licitación para dar continuidad al servicio.
Lo argumentan en el artículo 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el que establece que todos los ciudadanos el derecho a ser protegido en su vida, libertad, seguridad y propiedad.
Sostienen que «la empresa San Juan Bautista ha demostrado un grave incumplimiento en las condiciones de seguridad de sus unidades» y agregan que ese incumplimiento «pone en riesgo la vida de los usuarios del transporte público».
Remarcan que la empresa ganó reiteradas licitaciones, al tiempo señalan la cantidad de denuncias que llegaron al legislativo local sobre la calidad del servicio que prestaba San Juan Bautista. Y puntualizan que la ordenanza 9040/17 generó un ‘monopolio del servicio de transporte público’ en el distrito ‘en manos de un sólo grupo’.
Y agregan que en base a la misma ordenanza da lugar a la caducidad de la concesión «ante grave incumplimientos de las obligaciones».
