La Libertad Avanza consiguió ayer fictamente favorable en el proyecto de Ley Bases para la Reconstrucción Argentina. La sesión fue convocada para el próximo lunes y se espera que pueda ser aprobada en la madrugada del martes. Para llegar a los consensos quitó varios artículos de la reforma laboral.
La iniciativa central de gobierno de Javier Milei obtuvo ayer 61 votos (LLA, UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal respaldaron) en el plenario de comisiones para sacar un dictamen de mayoría que adelanta una aprobación cuando llegue al recinto.
La mayor concesión que hizo el gobierno tuvo que ver en la reforma laboral, que había entrado por la ventana, luego que no pasará por el DNU 70/23; y que casi explota todos los acuerdos. De esta forma, y con un guiño ala CGT la nueva norma contempla solo los puntos con consenso como como la extensión del período de prueba a 6 meses, la eliminación de las multas por trabajo no registrado y la implementación del fondo de cese laboral. En cambio, no se eliminarán el descuento compulsivo de la cuota sindical, no se considerarán causa del despido con justa causa los bloqueos ni tomas de lugares de trabajo ni se dará de baja la “ultraactividad”, mecanismo por el cual un convenio rige mientras no lo reemplace otro.
En materia de privatizaciones, se redujo drásticamente el listado de empresas sobre las que se podrá avanzar: solo Aerolíneas Argentinas, ENARSA, Radio y Televisión S.E., e Intercargo podrán ser vendidas por completo. Mientras, se podrán privatizar en forma parcial o concesionar AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales. En tanto, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El Banco Nación no podrá tocarse.
El capítulo del tabaco, que elimina el impuesto mínimo y aumenta de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno, no está en el dictámen de mayoría pero el oficialismo acordó incluirlo durante el debate en el recinto. El poder de lobby de Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, fue reiteradamente mencionado por la oposición para denunciar la reticencia del Gobierno y el PRO para volver a incluir el capítulo en el proyecto.
En cuanto a los fondos fiduciarios -tema que desencadenó la caída de la primera Ley Bases en febrero- aceptaron que si son eliminarlos se respetará el origen de los fondos. Es decir, si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a la masa coparticipable (no al Tesoro). En definitiva, serán recursos que recuperan las provincias.
Durante la semana, ante el pedido de la UCR y Hacemos, el oficialismo había aceptado ampliar por segunda vez la lista de organismos públicos que no podrá disolver ni intervenir. Se sumarán el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA (cine), el Incucai (trasplantes), el Instituto de la Propiedad Industrial, Enacom (comunicación), la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, y el INTA (tecnología agropecuaria).
