Después de semanas de debate, y con la ley aprobada en general, la Cámara de Diputados devolvió este martes a comisión el dictamen de mayoría de la Ley Ómnibus que se estaba tratando en particular. De esta manera el proyecto vuelve a foja cero, como si no hubiera tenido tratamiento, algo que el oficialismo desconocía al tomar la decisión. El Gobierno nacional acusó a los gobernadores de «destruir» la iniciativa del Poder Ejecutivo.
La Cámara baja levantó la sesión en la noche del martes debido a que el oficialismo no tenía los votos para aprobar los artículos referidos a las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales, entre otras. Los legisladores ya habían hecho fuertes recortes a las facultades delegadas que pretendía tener el presidente, Javier Milei.
Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la cámara baja, algo que quedó evidenciado en diferentes declaraciones, el oficialismo desconocía.
Ese artículo establece que «un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna».
La moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo, Martín Menem, levantó la sesión.
El pedido de Zago sucedió luego de un cuarto intermedio solicitado para buscar acuerdos sobre el capitulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques, donde se definió la vuelta a comisión del proyecto.
El principio del fin
El consenso se empezó a caer cuando se trató el inciso h sobre las facultades para modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos.
Si bien el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot propuso eliminar de ese inciso los fondos fiduciarios de desarrollo provincial y otro referido a la construcción de vivienda, y esa petición fue aceptada por el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornorino, el radicalismo ya tenía decidido votar en contra y por eso su presidente, Rodrigo de Loredo, pidió votar los incisos por separado.
En tanto, los incisos i y j también fueron rechazados al cosechar 123 positivos contra 130 negativos y estaban referidos a la facultad sobre la política de hidrocarburos y tarifas energéticas y sobre seguridad, temas considerados por el oficialismo.
En ese sentido, el inciso j permitía fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes; la corrupción de niños, niñas y adolescentes; terrorismo; las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas; los delitos aduaneros; los secuestros extorsivos y trata de personas.
A esa situación se agregó el rechazo de cinco de los seis incisos que contenían el quinto artículo de la iniciativa producto de la negativa de los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, un sector del radicalismo y otro del bloque Hacemos; en tanto que el PRO, la mayoría de la UCR y La Libertad Avanza votaron a favor.
“Al oficialismo le encanta seguir perdiendo. Traten de receptar algunas propuestas y de ganar, siempre hay que ganar”, expresó el titular del bloque Hacemos, Miguel Angel Pichetto, antes de pedir un cuarto intermedio de quince minutos con los jefes de los bloques y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
A eso se sumó que tampoco tenían asegurado los votos para su propuesta para privatizar unas treinta empresas, con lo cual el oficialismo se quedaba sin los artículos centrales que son el corazón de la iniciativa.
El gobierno apuntó a los gobernadores
El Gobierno responsabilizó a los «gobernadores» por el retorno a comisión de la ley Bases, que el viernes último había sido aprobada en general por la Cámara de Diputados, y los acusó de «destruir» esa normativa.
«El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor frustren el futuro de todos los argentinos», manifestó la oficina del mandatario en un comunicado oficial.
El Poder Ejecutivo consideró así que «los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla».
Los gobernadores de JXC rechazaron la acusación y señalaron: «Acompañamos el paquete de emergencias y facultades pedidas por el Gobierno Nacional», y «cumplimos con el compromiso asumido públicamente de ayudar al Gobierno entrante con las herramientas que cree necesarias para las transformaciones que requiere nuestro país».
El bloque de diputados nacionales del PRO ratificó su compromiso «para apoyar el cambio» y destacó la importancia de que la gestión de Javier Milei «tenga las herramientas que necesita».
«Durante estas semanas, nuestros diputados, y los gobernadores del PRO trabajaron incansablemente para lograr que este gobierno tenga las herramientas que necesita para gobernar y llevar adelante el cambio», sostuvieron los legisladores del PRO en un comunicado.
En tanto, la diputada radical Karina Banfi dijo: la «UCR ha cumplido con su vocación de oposición responsable acompañando lo que sabemos que es bueno para la sociedad y propusimos cambios sensatos. Es necesario para llegar a déficit cero un pacto fiscal entre Provincias y Nación. Desdramaticemos: las instituciones funcionan».
