La tensión entre el gobierno Nacional que conduce Javier Milei y las Provincia no parece relajar. Luego de las medidas que tomó el Ejecutivo quitando subsidios al transporte, la Unión Cívica Radical, que ostenta ocho gobernadores, emitió un comunicado para que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, designe “con urgencia y sin más demoras” a los integrantes de la Bicameral que debe tratar la legalidad del DNU 70/23 de desregulación del estado. En el senado ya fueron designados sus representantes y hay un pedido del peronismo para sesionar en el recinto por ese tema.
La carta que entregaron ayer por mesa de entrada estaba firmada por el presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau; los vicepresidentes Inés Brizuela y Doria y Luis Naidenoff; los titulares de las bancadas de diputados y senadores, Rodrigo De Loredo y Eduardo Vischi y los vicepresidentes de los bloques de diputados y senadores, Karina Banfi y Pablo Blanco.
“Si el gobierno anterior se aprovechó de su mayoría para bloquear el funcionamiento de la Comisión durante dos años, asistimos hoy a una nueva degradación institucional en la que este gobierno ni siquiera la constituye”, escribieron los máximos dirigentes de la UCR y consideraron “A tal punto es crucial este control parlamentario que su ausencia pone en cuestión, incluso, la propia validez de los decretos del Presidente de la Nación”.
“A más de dos meses de la renovación de la Cámara, después de solicitudes formales de diferentes bloques, y con los miembros del Honorable Senado ya designados hace semanas, su persistente demora en conformar la Comisión ya no puede ser atribuida a la inexperiencia en el cargo ni a los tiempos burocráticos”, afirmaron y subrayaron que “De persistir en su actitud dilatoria tendremos el deber de actuar con todas las herramientas legales a nuestra disposición para cumplir con el mandato de la Constitución Nacional”.
Los radicales agregaron: “La falta de conformación de la Comisión es igualmente inadmisible en lo político. Como es de su conocimiento, el Presidente de la Nación ha ejercido las facultades de dictar decretos de necesidad y urgencia para modificar o derogar un sinnúmero de leyes del Congreso en vastas áreas del derecho argentino. El ejercicio de estas facultades mientras la Comisión no se constituya implicaría otorgarle al Presidente un amplio poder sin control, de un modo absolutamente incompatible con el régimen republicano de gobierno que prevé nuestra Constitución”.