El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó hoy ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, por «delitos de tráfico de influencias» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Según un comunicado difundido por el gobierno bonaerense, Kicillof señala en su presentación que la provincia de Buenos Aires «es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema».
En ese sentido, Kicillof remarca en su presentación que el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por la cuestión de los recursos coparticipables habría sido producto «del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
De esta forma, el gobernador se refiere a la filtración de chats atribuidos a D’Alessandro -quien se encuentra de licencia en su cargo- y difundidos a fines del año pasado por los medios de comunicación.
En esos intercambios, Robles le sugería estrategias que debía seguir el gobierno porteño para obtener una sentencia favorable por parte del máximo tribunal en la disputa que la Ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación, algo que finalmente sucedió.
«Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno», sostuvo el texto difundido hoy por el Ejecutivo provincial, al referirse a Horacio Rodríguez Larreta.
La presentación judicial, consta de 14 páginas en las que el gobierno bonaerense denuncia el accionar de Rosatti, Robles y D’Alessandro, y aporta además como material pruebas de los chats filtrados y artículos periodísticos que fundamentan la denuncia.
En la denuncia, el gobierno provincial sostiene que “en los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia funcionarios del Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se señalará posteriormente”.
Entre otras cuestiones, la presentación también hace referencia al cumpleaños del fiscal de la Ciudad Juan Ignacio Mahiques al que los funcionarios denunciados arribaron juntos.
También en la denuncia, pide que se allane, “al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, a los fines que proceda a la localización de toda documentación o instrumento que sea pertinente y de interés para la presente causa”, y el secuestro de teléfonos móviles “personales y/o corporativos de los denunciados”, a los fines de “proceder a sus pericias respectivas que, permitan reconstruir la información y la vinculación que en la presente denuncia se formula”.
En ese tono, requiere que se investigue a los denunciados por la “probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal”.
En el marco de la presentación, desde el Ejecutivo bonaerense precisaron que «las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma», y agregaron que «hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional».
«Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires», se puntualizó desde el gobierno bonaerense.
La denuncia se suma a las presentaciones judiciales realizadas por los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de La Rioja, Ricardo Quintela, en el inicio de este año contra el asesor de la Corte Suprema y el ministro de Seguridad porteño.
Además, el gobierno nacional presentó el pasado 6 de enero contra D’ Alessandro una denuncia por la posible comisión de los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales» en función del contenido de los chats que fueron difundidos por los medios de comunicación.
