El Defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, cuestionó el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y advirtió sobre el impacto de un nuevo aumento tarifario que afectará a más de dos millones de usuarios. Además, adelantó que la actualización, que oscilará “entre el 19 y el 26 por ciento, comenzaría a llegar en enero”.
“La duda primaria es cómo puede ser que una empresa que el Gobierno había estimado vender en casi 500 millones de dólares se termina otorgando por 340”, planteó y advirtió que “el 55 por ciento de los que compran la empresa es un fondo radicado en Curazao constituido este año que nadie sabe quién es, es un grupo financiero absolutamente desconocido”.
En ese sentido, consideró que no cree que “haya un caso en el mundo que un servicio público se haya privatizado y no se pueda acceder quién está al frente de la empresa, es insólito y muy revisable”. El funcionario también recordó que “durante la licitación de AySA se modificaron distintas condiciones del contrato”. Entre ellas, mencionó la “habilitación para cortar el servicio ante dos facturas impagas”, una medida que, según indicó, actualmente está “frenada por un amparo judicial”.
“Creo que es un acto absolutamente revisable, ya hay una denuncia penal por la tasación, nosotros presentamos recursos administrativos, es muy grotesco lo que se hizo, va a depender de la Justicia”, comentó.
En cuanto al costo del servicio, recordó que “se convocó a una audiencia pública para establecer nueva actualización de tarifas por zonas” y cuestionó que la convocatoria se haya realizado “en medio del pasaje de lo público a lo privado”. Según indicó, el aumento alcanzará al 60% de los usuarios, “mas de dos millones de familias”.
Martello remarcó que esta suba será independiente de los incrementos mensuales que, según sostuvo, se ubican “un poquito arriba de la inflación”. Sobre los argumentos para justificar la medida, explicó que “la zonificación» implicaría “otorgar tarifa social a usuarios de menores recursos” y que el costo se compensaría con aumentos para otros sectores.
“Pero cuando ves que erogación necesita la empresa para cubrir la tarifa social te da mucho menos y cuando planteas esto dicen que si hay un excedente se van a hacer obras adicionales, resulta todo poco transparente. Les va a quedar un excedente muy grande, tiene que ver con mejorar el flujo de caja y que la empresa sea más atractiva, que ya tenía superávit y no necesitaba esto”, aseveró.
El ambudsman provincial adjunto agregó que “nadie va a controlar, si hay un excedente y dicen que van a hacer obras pero no cuáles, ni cuál será el excedente», a lo que sostuvo que «realmente es muy oscura esta privatización, creo que la más oscura de este gobierno”.
Otro de los puntos que resaltó sobre la nueva etapa de AySA fue la incertidumbre sobre “si las obras que están empezadas se van a terminar”. Mencionó la existencia de un “pasivo ambiental que debería cubrir estas obras pero nadie sabe cuánto es”.
