En las primeras horas tras el fallo del Tribunal Orla Federal N°2 que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se limitó a compartir el comunicado redactado por la Liga de los Gobernadores, sin manifestar apreciaciones personales ni políticas. No hubo hasta el momento tampoco una postura pública respecto al renunciamiento de CFK a cualquier candidatura en 2023 algo de desconocidas consecuencias en la provincia que gobierna y su propio futuro político.
La decisión de la vicepresidenta impacta de lleno en el territorio gobernado por Kicillof y su futuro político. Es justamente en la provincia de Buenos Aires, que contiene el 40 por ciento del padrón electoral, donde Cristina tiene su núcleo duro de votos, aquellos que el gobernador necesita para ser reelecto.
Aunque no lo dijo abiertamente, Kicillof abonaba a una candidatura presidencial de su jefa política. Se lo vio cantando el ya clásico “presidenta Cristina presidenta…” en el acto organizado por la UOM en Pilar, y en sus mateadas por el interior de la provincia pedía a la militancia movilizarse y dar la discusión en el territorio para que “esa candidatura se dé”.
Además, el anuncio de CFK lo vuelve a colocar como una opción presidencial de cara a la próxima elección, algo que algunos sectores del peronismo que quieren liberar la candidatura bonaerense empujan por la bajo. El gobernador no quiere, y la realidad es que pese a la negativa de la vicepresidenta de ser candidata hay pocas chances que esa “salida por arriba” de Kicillof se concrete.
Kicillof es el dirigente que pica en punta para ser nuevamente el representante del peronismo en la denominada “madre de todas batallas”. Ese es, además, el objetivo del gobernador, que lanzó hace un año su plan reeleccionista 6×6, que abarca cuatro años más de gobierno después del 10 de diciembre de 2023.
Sin embargo, bajo el impacto inicial, que sorprendió a la dirigencia bonaerense todas las posibilidades se barajan en las especulaciones políticas de las primeras horas. El peronismo tendrá que barajar y dar nuevo para delinear una nueva estrategia sin Cristina en la boleta.
El comunicado de la Liga de Gobernadores:
Ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado en la historia como uno de los agravios más grandes al sistema democrático.
Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la República mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales.
Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente, le adjudicaron actos y funciones que son de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la constitución nacional, como los actos de administración general y el manejo de fondos públicos.
Durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas.
Los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió la vicepresidenta y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones.
Todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública.
Los hechos investigados objeto de la condena ya habían sido sobreseídos años anteriores y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular.
Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder.
La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza, tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos.
El enorme respaldo popular y prestigio del que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina es la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos puedan poner en riesgo el Estado de derecho que tanto nos costó conseguir a los argentinos.