El Concejo Deliberante de Avellaneda realizó este jueves una sesión ordinaria en la que se iba a aprobar un proyecto para prohibir la tracción a sangre en la comuna, pero tras un pedido de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), se frenó y volvió a las comisiones para realizar modificaciones.
Después de mucho tiempo en el Concejo se iba a aprobar un proyecto de la oposición. El objetivo de la ordenanza es prohibir la tracción a sangre en la comuna y otorgarle a los trabajadores de la economía popular alternativas para reemplazar a los caballos. El proyecto presentado el año pasado tuvo el visto bueno del ejecutivo y el oficialismo estaba listo para acompañarlo, sin embargo, desde la UTEP pidieron ser parte de la discusión y de común acuerdo entre los espacios se decidió incluirlos para reformular el proyecto.
Desde este sector, que estuvo presente en la sesión, piden entre otras cosas que se reconozca su trabajo y se les garantice alternativas viables para poder seguir realizando su labor si les sacan a los animales. En ese sentido, señalaron que algunos de los elementos que suelen ofrecer en estos casos, cómo motos, llevan un mantenimiento del cual no pueden hacerse cargo.
Asimismo, presionan con algunas medidas relacionadas cómo la adhesión a la Ley de Envases, para fomentar desde la comuna tarea de reciclaje y así “crear puestos de trabajo y reducir la contaminación”. Este pedido fue elevado a la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, y reclamaron que en otros municipios, incluso gobernados por Juntos cómo Lanús, llevaron adelante tareas en este sentido, mientras que en Avellaneda quedaron excluidos.
Otros expedientes
Además, en la sesión se aprobó un reconocimiento a los trabajadores que se desempeñaron en las postas de vacunación de Covid y se declaró de interés legislativo la festividad de la Pachamama a realizarse el 1 de agosto.
También se convalidó la adjudicación a la empresa Coradir para la provisión de elementos informáticos en el marco del Programa Sumar de la secretaría de Salud y un convenio con el Ministerio del Interior en el marco del programa de asistencia para las mejoras de gobiernos locales.
Por último, de forma mayoritaria, se aprobó un aumento en el monto de la compra de un inmueble en Sarandí convalidado hace unos meses. Desde la oposición argumentaron su rechazo señalando que “no hay motivos para sumar otros 23 millones de pesos a los 235 ya estipulados”. Desde el oficialismo explicaron que estaba en el expediente la posibilidad de un aumento del 10 por ciento y el bloque de Juntos insistió en que más allá de que la posibilidad existía, no se expresaron los motivos para que esto finalmente pase.
