Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunciaron a tres fiscales del departamento de Lomas de Zamora ante las Naciones Unidas «por prácticas judiciales arbitrarias, persecución de magistrados, tareas de inteligencia ilegal y actuaciones irregulares» ocurridas durante la gestión de Cambiemos.
Cuestionan las acciones en contra del Juez Gabriel Vitale y de la Jueza Zulema Vila, sobre quieren señalan que hubo un hechos de hostigamiento, persecución y aprietes por parte del fiscal general adjunto Sebastián Scalera y los fiscales Pablo Rossi y Sebastián Bisquert «que constituyeron una clara afectación de la independencia de la Magistratura».
Asimismo, en un comunicado que emitieron señalaron: “Ante la recurrencia de este tipo de acciones y las crecientes denuncias de espionaje ilegal, la CSJN abordó la cuestión en la Acordada 17/2019. Allí estimó que un uso indebido de los instrumentos de investigación criminal, implica la violación de garantías constitucionales y de pactos y de convenciones internacionales de Derechos Humanos”.
Según precisaron «ese tipo de mecanismos antidemocráticos están vinculados a un modus operandi llevado a cabo durante la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, que tendía a obtener información de actores políticos determinados por medios ilegales, para así poder presionarlos, influir en sus decisiones o incluso hostigarlos mediante presentaciones judiciales».
Detallaron que en la denuncia realizada consta que «la historia reciente de la justicia en Argentina tiene fragmentos de opacidad y algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados. Es por ello, que muchas personas en Argentina sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia”.
Cabe recordar que la CPM y la AJB ya habían pedido el juicio político ante el Consejo de la Magistratura por estos hechos, a los que se suma la actuación de Scalera en el caso del Juez Luis Carzoglio.
La denuncia ante la ONU lleva las firmas de Luis Emanuel Amadeo, nuevo Presidente de AJUS LPBE; Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, en su carácter de presidente y secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); y Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
Finalmente, los denunciantes sostuvieron que «es claro y evidente el procedimiento llevado a cabo por los fiscales denunciados para presionar a diferentes funcionarios judiciales, en miras a obtener resoluciones a su favor en el marco de causas determinadas o bien orientar su actuación general en la función jurisdiccional orquestando así una Justicia a la carta».
