La AJB pide el juicio político contra el Fiscal General Adjunto de Lomas

La Asociación Judicial Bonaerense presentó ayer, ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, un pedido de apertura de Jury contra el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Sebastián Scalera; así como también contra los fiscales Pablo Rossi, titular de la UFIJ N° 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional; y Sebastián Bisquert, titular de la UFIJ N° 1; por mal desempeño de sus funciones. Apuntan a una persecución contra el Juez de Garantías Gabriel Vitale, afiliado al gremio. La Comisión Provincial de la Memoria había presentado la misma denuncia a principios de junio.

Según consta en la denuncia realizada por la AJB, los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert realizaron investigaciones arbitrarias sin control judicial y operaciones de inteligencia ilegal al interior del departamento judicial de Lomas de Zamora para presionar a magistrados y lograr resultados en causas de interés político y mediático durante la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

Scalera es un fiscal de causas de alto impacto. Entre otras fue el que impulsó el Jury de enjuiciamiento contra el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, en 2018, luego que este se negara a pedir la prisión preventiva para el titular del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, acusado de ser el jefe de una Asociación Ilícita por una denuncia de manejos irregulares de fondos en el club Independiente. En diciembre de 2020, Moyano fue sobreseído de esa causa.

Según señala la Asociación de trabajadores judiciales, entre los hechos que aparecen en la denuncia se cuestiona la actuación simultánea de Scalera como Fiscal General Adjunto y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, esquema del que se habría valido para direccionar ciertas causas de relevancia política para sí o hacia las unidades de Rossi y Bisquert.

“Excediéndose en sus funciones y sin la existencia previa de una investigación penal en trámite, el fiscal Scalera instruyó una auditoría ilegal en el Juzgado de Garantías de Vitale -quien intervenía la causa de asociación ilícita en la barra brava en el Club Atlético Independiente- para detectar una supuesta irregularidad administrativa acusándolo de firmar una resolución de competencia sin estar presente en su despacho”, explicaron desde la AJB y agregaron: “tal como fue denunciado, esa prueba obtenida de forma ilegal dio lugar a la denuncia por falsedad ideológica contra Vitale que fue asignada por Scalera de forma arbitraria a la Unidad de Delitos Económicos y Violencia Institucional, encabezada en aquel entonces por Pablo Rossi y actualmente a cargo de Sebastián Bisquert. Este último fue quien inició un operativo de investigación ilegal sobre el Juez Vitale y su familia, que incluyó informes de migraciones, bienes, cuentas bancarias y llamadas telefónicas, sin autorización ni control por parte de un juez de garantías. La misma persecución ilegal padecieron otros integrantes del juzgado”.

En coincidencia con lo que había planteado la CPM, aseguran que a partir de esa investigación y avalando la conducta persecutoria e ilegal de los fiscales de Lomas de Zamora, el Procurador General Julio Conte Grand promovió juicio político contra Vitale, trámite que se encuentra en su etapa inicial (caso similar a la situación de Luis Carzoglio ya mencionado)

Para los Judiciales, las presiones de Scalera y los otros dos fiscales sobre Vitale tuvieron un trasfondo político y podrían haber sido empujadas por el gobierno de Mauricio Macri.

“Para consolidar el respeto de la independencia de las y los magistrados y su efectiva protección para intervenir en los procesos judiciales sin presiones del poder político, resulta necesario exponer estos hechos gravísimos al conocimiento del conjunto de la sociedad. En el mismo sentido, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá en sus manos la oportunidad inigualable de brindar una señal clara de que la persecución y el espionaje ilegal con fines políticos resultan inaceptables en la justicia bonaerense”, expresó Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.

 

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