Tres abogados lanusenses presentaron un amparo, en los tribunales de Lomas de Zamora, contra la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, semanas atrás, que llama a licitación para tercerizar el servicio de cobro de tasas municipales. Aseguran que la medida que impulsa el Ejecutivo local viola la Constitución Nacional, la Provincial, y la Ley Orgánica de las Municipalidades; además, señalaron que viola el secreto fiscal.
El tema había sido un hervidero en la agenda política local, con varios sectores del Frente de Todos que salieron a denunciar una privatización y comparar la medida con las que se hicieron en los ’90.
En ese marco, las letradas Liliana Paolo y Macarena Videla, junto al letrado y dirigente peronista local, Raúl Cavalli, presentaron ayer por mesa de entrada un amparo contra la ordenanza titulada “Llamado a licitación para el fortalecimiento del sistema tributario bajo la modalidad de riesgo empresario”, en la cual se busca contratar una empresa que tercerice el servicio de cobro de las tasas municipales, así como generar un nuevo padrón actualizado de los contribuyentes del distrito, norma aprobada por el Concejo Deliberante el pasado 7 de mayo.
En su presentación, los denunciantes entienden que la ordenanza sancionada “viola el art. 25° Decreto-Ley 6.769/58”, así como atenta contra el “Art. 28°: (Texto según Dec-Ley 9094/78) Corresponde al Concejo, establecer: 1… c) Sobre recursos y gastos art. 29°: Corresponde al Concejo sancionar las Ordenanzas Impositivas y la determinación de los recursos y gastos de la Municipalidad. Las Ordenanzas Impositivas que dispongan aumentos o creación de impuestos o contribuciones de mejoras, deberán ser sancionadas en la forma determinada por el artículo 193° inciso 2) (*), de la Constitución de la Provincia”.
En la misma línea, denunciaron que “ésta ordenanza lo que se pretende es privatizar la deuda de Tasa, Alumbrado, barrido y limpieza, tributos y contribuciones que tiene el ciudadano de Lanús, otorgándosela a empresas privados que no van a considerar la situación de vulnerabilidad en que van a estar las personas y éstos últimos al ser acosados, hostigados y perseguidos con la amenaza de perder sus propiedades van a ceder a reclamos ilegítimos con la posibilidad de que, igualmente, a posteriori pierdan sus bienes con las contraprestaciones que van a recibir las empresas licenciatarias aplicando intereses, cargos, cargas y honorarios de la deuda que acepten para no perder su única propiedad, perjudicando también las arcas municipales”.
“Esto se llama básicamente, privatizar la deuda de los vecinos, cediendo la potestad estatal a un particular que va a reclamar deudas que pertenecen a la órbita estatal”, argumentaron los abogados en los considerandos la presentación judicial. Además, apuntan que “la empresa que gane la licitación lo primero que va a hacer es fijar sus honorarios, sin considerar las condiciones y particularidades de cada vecino” y que “que en éste momento la situación económica del pueblo es muy caótica: estamos en plena pandemia, desde hace años aumentó el desempleo, la informalidad laboral y no se puede aplicar mayor presión tributaria, deshumanizando la gestión pública, ya que los concejales fueron votados para generar y proveer al bien común y al bienestar general y no para perjudicar al vecino”.
Por eso, el Amparo pide una acción cautelar de no innovar contra la ordenanza, para que el Ejecutivo no pueda avanzar en el llamado a licitación, por considerarla inconstitucional “debido a que las potestades de aplicación de gravámenes y sus respectiva aplicación, gestión, o recaudación no pueden ser transferidas o delegadas ya que es una función esencial del estado en materia tributaria, no puede ser privatizado ni tercerizado a un particular, ya que es una función pública indelegable que debe ser cumplida por agentes públicos integrante de recursos humanos del estado, sujetos al poder disciplinario del mismo y a las responsabilidades civiles y penales pertinentes, ya que, de lo contrario se está desvalorizando los principios rectores de nuestra carta magna”.
El otro punto de denuncia es que viola el secreto fiscal ya que expone “las bases de datos que contienen todo lo relacionado a la identificación de los contribuyentes”, lo cual está prohibido y entienden que sería “un peligroso dispositivo recaudatorio consistente en la privatización o tercerización de las funciones municipales”.
Los Abogados contaron a El Termómetro que la decisión de accionar judicialmente se basó, además de los perjuicios a los contribuyentes, en la falta de un Defensor del Pueblo local, que pueda accionar en favor de los vecinos.
Esta Ordenanza es un insulto al pueblo lanusense.- Los concejales, vecinos de Lanús, la aprobaron. Renuncien a su banca y dejen que los vecinos que quieran trabajar para el pueblo lo hagan.-
GRINDETTI Y MACRI, SON LO MISMO