La Defensoría del Pueblo de Quilmes dio a conocer su Informe Anual sobre los temas abordados durante 2019. En total, hubo un total de 479 actuaciones, de las cuales la mayoría están vinculadas con reclamos sobre la prestación de los servicios públicos, así como por las deficiencias en la atención de las obras sociales, tanto estatales como privadas.
“El tema de salud siempre existió, lo que hizo la pandemia fue poner de relieve las necesidades de los vecinos. Las obras sociales no dan las respuestas que los afiliados necesitan, no cumplen las prestaciones”, ejemplificó en diálogo con El Termómetro el titular del organismo, Adrián Carrascal, quien mencionó en particular las dificultades para quienes tienen cobertura de IOMA o PAMI.
En este sentido, mencionó que el año pasado incluso presentaron un amparo contra la Provincia por las falencias en el Programa Incluir Salud. Este año, en tanto, reclamaron por la falta de entrega de insulina y de medicamentos para el HIV pero la respuesta, hasta el momento, está lejos de ser satisfactoria.
“Hicimos el reclamo y hace un mes atrás entraron 10 o 15 dosis de insulina, que es nada”, relató.
Por otro lado, la mayor cantidad de quejas se concentró sobre el funcionamiento de “los servicios públicos privatizados”, no sólo a raíz de los aumentos tarifarios aplicados durante el período, “sino por la deficiencia de las empresas a la hora de brindar el servicio”.
“Los reclamos en servicios públicos están un podio que se modifica por épocas y se lo van pasando entre Edesur, Metrogas y Aysa”, mencionó y puso como ejemplo que, en el caso de la compañía que provee electricidad, el problema principal es “la estimación del consumo y los planes de pago que son usurarios”.
Frente a una creciente demanda y ante la falta de respuestas por parte de los entes que deberían darlas, Carrasca indicó que “muchas veces la propia administración municipal manda a los vecinos a la Defensoría para encontrar una solución a sus reclamos con la propia Municipalidad».
