Luego de tres años de la aprobación de ley que habilita el uso medicinal de la marihuana, el Ministerio de Salud de la Nación comenzó a evaluar cambios en la normativa que permitan que aquellas personas que la utilizan con esos fines puedan realizar el autocultivo o acceder a los productos derivados a través de las farmacias.
En palabras del presidente de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos, Mariano Fusero, la legislación que se aprobó en 2017 “dejó a las familias desamparadas en el acceso a la sustancia” e incluso, prácticamente “se restringió arbitrariamente a los casos de epilepsia refractaria en niños y jóvenes adultos”.
En las condiciones actuales, sostuvo, “la población usuaria de cannabis con fines terapéuticos no puede acceder a la sustancia en términos de legalidad”, sino que “se las condena a conseguirla en un mercado gris, ilegal, a precios exorbitantes y sin control de los productos”. En este sentido, desde la entidad ven con buenos ojos que se produzca esta modificación.
“Creemos que estos avances van a ser positivos para que las personas puedan acceder, ya sea por la técnica del autocultivo de la sustancia en su estado vegetal o un producto estandarizado controlado por la elaboración pública de los medicamentos, y que, conforme a la ley, esté controlado por farmacias o por cualquier otra forma de dispensación”, expresó el abogado en diálogo con El Termómetro.
Si bien todavía no hay definiciones y la propuesta está en análisis por parte de un consejo consultivo, los primeros trascendidos indican que con esta reforma quedaría contemplada “la demanda histórica de los pacientes de acceder de la propia mano por medio del autocultivo de cannabis” o de adquirir los insumos que se producen en locales habilitados para su distribución.
“Es un paso importante, sería la posibilidad de acceder a la sustancia sin ser vistos como criminales o de ejercer un acto que está haciendo valer el derecho a la salud de las personas que tiene enfermedades graves y no ser vistos como delincuentes porque hoy las personas siguen siendo pasibles de ser criminalizadas con penas que van de cuatro a 15 años por tener cultivo para uso terapéutico”, precisó Fusero.
En el mismo sentido, dejó en claro que la medida que está en análisis se atañe a la ley 27.350, con lo cual “no es que va a permitir a cada persona que hace un uso recreativo adulto pueda ejercer el autocultivo” ya que para eso el paso previo debería ser despenalizarlo. “No es lo que se está hablando en este contexto”, remarcó pero insistió en que es un “un avance importante” que quienes la necesitan para su tratamiento puedan tener la autorización “y salir de la clandestinidad”.
