En una sesión entrecortada y algo extensa, el Concejo Deliberante de Lanús le dio el visto bueno a la ordenanza preparatoria Fiscal e Impositiva 2019, que prevé un aumento de tasas en torno al 39 por ciento en promedio. La propuesta del Ejecutivo fue sólo aceptada por la bancada oficialista.
La defensa del proyecto enviado por el equipo de Néstor Grindetti estuvo a cargo de la concejal Noelia Quindimil. En su explicación, mencionó que “el aumento más alto es del cincuenta por ciento”, señaló que el gobierno local se propuso equilibrar las deudas y mejorar la recaudación, y reparó en que establecieron “topes más bajos” que el año pasado en cuanto a la Tasa de Servicios Generales (TGS).
Desde Unidad Ciudadana, el rechazo llegó de parte de los ediles Héctor Montero y Natalia Gradaschi. Ambos coincidieron en que las cargas impositivas deberán afrontarlas los vecinos a consecuencia del “presupuesto de ajuste” que se aprobará en la Provincia y que afectará a cada uno de los municipios.
El Frente Renovador (FR) tampoco acompañó el nuevo cuadro tarifario propuesto por la administración de Cambiemos.
Por otra parte, la polémica se instaló cuando se trató un acuerdo que le permitirá a la compañía de telefonía celular Claro utilizar los postes de las calles para instalar fibra óptica a cambio de “un canòn muy bajo” y por 15 años. Pese a la resistencia, al macrismo le alcanzaron las manos propias para darle curso.
Programa por la identidad
En el comienzo del debate en el recinto, el Cuerpo respaldó en su totalidad una resolución que impulsó la agrupación HIJOS. La iniciativa busca darle una “amplia difusión al programa “Chicha Mariani”, el cual está enfocado en “restituir la identidad de personas desaparecidas durante la última dictadura miliar”.
Si bien el pedido fue presentado por el Concejal Héctor Montero, también manifestaron su respaldo las concejales de Cambiemos Nazarena Mesías, y del Frente Renovador Marcela Fernández, quien consideró que “los derechos humanos deben trascender las ideologías” y pidió trabajar “para la jerarquización del área de derechos humanos dentro del Ejecutivo ya que se encuentran perdida”.
