La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo del intendente en uso de licencia de Florencio Varela, Julio Pereyra, quien está investigado en una causa por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos desde el año 2016 cuando Elisa Carrió lo denunció ante el juzgado federal de Quilmes.
Tras la acusación, Francisco “Chicho” Basile, señalado como testaferro de Pereyra debido a la cantidad de contratos que sus variadas empresas tienen con el municipio, presentó un pedido de recusación que fue rechazado por la Sala IV del tribunal. El juez Gustavo Hornos, único integrante, confirmó al frente del expediente al juez federal de Quilmes, Luis Armella, y a la fiscal federal Silvia Cavallo.
Junto a Mirta Luz, Chicho Basile acusó la actuación del juez y la fiscal por considerarla «violatoria de la garantía de imparcialidad». En esa línea plantearon la nulidad al considerar que no existían pruebas para formular las acusaciones, y afirmaron que hubo dilaciones en el tratamiento del expediente para «generar beneficios políticos» de índole electoral, entre otros argumentos.Sin embargo, el juez Hornos no hizo lugar a la queja en su resolución del pasado jueves, al entender que no quedó demostrada la parcialidad en la intervención del juez y la fiscal.
Según la denuncia de Elisa Carrió, Basile utilizó a un testaferro de apellido Moschini “en su propia orfebrería societaria, resultando inicial Presidente de las siguientes sociedades: CCM S.A., asociado con Carlos Alberto Miño, Ture S.A., asociado con Barbara Menniti, Servicios y Gestión S.A., asociado con Fabio Corsini, y Varela Seguridad Privada S.A”. La denuncia agrega que “la cooperativa es sinónimo de Pereyra-Basile. Por su intermedio ha transitado parte de sendos procesos de enriquecimiento ilícito”.
