Por Mario Lozano (Director del Consejo Interuniversitario Nacional y ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes)
Están surgiendo manifestaciones de algunos pensadores de derecha que buscan justificar un ajuste del presupuesto universitario argentino.
El caso más reciente se refiere a Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de Argentina, quien declaró que el sistema universitario argentino visualiza tres problemas: 1. Hay pocos graduados 2. Hay pocos graduados de carreras tecnológicas y 3. Hay pocos pobres en la universidad.
Concluye que la diferencia es que en Argentina no tenemos examen de graduación secundaria o cupos al ingreso universitario como en otros países de América y por ello, nuestros índices son más bajos.
El problema es que con esas reglas sólo ingresan aquellos que poseen condiciones socioeconómicas que les permiten dedicarse sólo a su formación. ¿No es más equitativo que la universidad pública se esmere en disminuir estas asimetrías sociales?
También dice que hay pocos graduados y hay pocos ingresantes pobres, pero se refiere sólo los datos de la UBA y desconoce la situación de las universidades del conurbano.
Los datos de la encuesta permanente de hogares (EPH) indican que, entre 2006 y 2015, mientras los estudiantes totales del sistema universitario público crecieron un 19,7%, los estudiantes del Gran Buenos Aires que provienen de hogares cuyos ingresos los ubican en la fracción del 20% más pobre, aumentaron en un 61,2%. Así, la brecha de participación entre estudiantes ricos y pobres en la universidad se redujo de 4 a 1 en los años 90, a 1,5 a 1 en 2014.
Queda todavía la cuestión de la eficiencia. ¿Son más ineficientes las universidades argentinas que las de Chile o Brasil? En la universidad de la dictadura, en la de los años del presidente Alfonsín, en la de la década menemista o en la de la primera Alianza, se graduaban menos estudiantes que ahora. Fue durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner que en nuestras universidades hubo una mejora en la tasa de graduación, debido a una serie de políticas proactivas que se implementaron.
Es importante indicar que mientras la cantidad de estudiantes de las universidades públicas creció sólo el 13% como dijo el presidente, el aumento en la cantidad de graduados fue de 53,8% más que cuadruplicando esa cifra, demostrando uno de los éxitos de las políticas implementadas.
Esta situación también es revelada por los datos censales. En el censo del 2001, los estudiantes representaban el 2,2% de la población y los graduados universitarios, el 3,1%. En el censo de 2010 los estudiantes aumentaron 0,8 puntos porcentuales, alcanzando el 3,0 % de la población, mostrando el inicio de los resultados de las políticas de mejora del acceso promovidas principalmente por la creación de las nuevas universidades de cercanía.
Por su parte, en 2010 los graduados crecieron un total de 1,7 puntos porcentuales, alcanzando el 4,8 % de la población. En forma absoluta, durante esa década, el número de graduados creció un 69%, mucho más que los estudiantes, resaltando el éxito de las políticas educativas en marcha.
En definitiva, ¿alguien cree que disminuyendo el número de universidades, el número de sus trabajadores o su presupuesto, se van a mejorar las tasas de graduación? ¿Continuamos por un camino de mejoras o desarmamos el sistema?
Quienes creemos en la importancia del sistema Universitario para lograr una patria libre, soberana y más justa para sus habitantes estamos seguros que se requiere una inversión continua y creciente del Estado nacional.
