Antitapas Breves Tres
(Por Christian Skrilec)
Efedrina de pago chico
Siempre puede ser peor. Imaginemos que en vez de General Rodríguez, la escenografía del escándalo del convento estuviese situada en Quilmes, entonces hoy tendríamos a todo el aparato mediático recorriendo los sótanos de la iglesia de Santa Coloma en búsqueda de bóvedas escondidas.
Pero de todo no podemos zafar, y la detención de Pérez Corradi vuelve a meter a la ciudad en el centro de la conversación judicial. Para los que se pierden en la montaña de mugre que va emergiendo día a día en el post kirchnerismo, recordemos que Pérez Corradi está acusado de ser el actor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, por el que ya están condenados Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci.
Para recordar a los Lanatta y Schillaci no hay que esforzar demasiado la memoria, porque son los protagonistas de la fuga televisada de principios de año, que nos puso un helicóptero a revolotear inútilmente sobre nuestras cabezas durante semanas.
Los asesinos condenados, fugados, y televisados, son del barrio, y ellos mismos se vinculan con Aníbal Fernández con una trama de policial negro. El ex Jefe de Gabinete K, se fue a Londres a ver Hockey desentendiéndose de Pérez Corradi, y del eje central de todo el asunto, que es el tráfico de efedrina, importada en cantidades injustificables durante años y revendida a los carteles mejicanos de drogas.
A todo esto, podemos condimentar la historia con los aportes de las empresas farmacéuticas a la campaña de Cristina en el 2007, el rol del RENAR tanto en la importación de precursores químicos como en la relación indirecta pero real con los hermanos Lanatta, y muchos otros cruces y conexiones que ponen a quilmeños conocidos en el tapete del escándalo.
Como cereza de este postre, es bueno recordar que el último refugio de uno de los hermanos Zaccarias (tipos esenciales en el escándalo de la efedrina), fue la sede del Pami Quilmes, conducido por entonces por la doctora Nora Cuestas, militante fervorosa de agrupaciones “anibalistas”.
En síntesis, estamos nuevamente en el candelero, y seguimos imponiendo nuestra marca más allá de la cerveza. Si la causa efedrina avanza, si Pérez Corradi habla, si la diputada Carrió permanece insistente, sonreí que por ahí salís en la foto.
*(48 horas después de publicada esta nota en la edición del semanario El Suburbano, se desencadenó la situación judicial con Marcelo Mallo).
Defensoría a nadie
Esto de utilizar los organismos del estado como pago político a militantes, amigos, parientes y lo que se les ocurra, no sería un problema si los que cobran hiciesen su trabajo.
La Defensoría del Pueblo tiene atribuciones formales para ayudar al ciudadano frente a los abusos del estado y de las empresas privadas. Es un estamento que bien llevado puede solucionar problemas reales y cotidianos. Por ejemplo, los defensores pueden presentar amparos que van desde el freno a un aumento desmedido de tarifas en casos particulares, hasta acelerar el reclamo para la entrega de un medicamento a un empresa prestataria de servicios de salud. Para reducirlo a una definición que daría mi hija de cinco años: la defensoría es algo bueno. Lamentablemente la política se empeña en destrozarla.
La última conducción de la Defensoría que valió la pena estuvo a cargo del abogado José Estevao (hoy funcionario de la gestión Molina), y del Licenciado Jorge Márquez (hoy docente universitario). Pero también llegaron a ocupar su lugar por una “rosca” política que modificó la ordenanza que nombra a los defensores de manera irreparable.
La tarea de estos defensores complicó al estado municipal exigiéndole el cumplimiento de funciones en numerosos casos donde se hacía el distraído. Consecuencia: cuando llegó el momento de reemplazar a los defensores, el estado y la política designaron vasallos comercializables, primero a José María Salustio (actual concejal), y luego a Luis Bratti.
Ahora, el Concejo Deliberante debe designar un nuevo defensor, y pese a los discursos que hacen gala que la defensoría pertenece a la oposición, está claro que el nuevo Defensor del Pueblo necesita contar con el aval del oficialismo que gobierna el municipio. Más allá de los nombres, esperemos que esta vez, además de las necesidades políticas, tengan en cuenta al vecino.
Gracias por leer.
Publicado en la edición N° 805 de el semanario «El Suburbano».
