La iniciativa fue presentada en el Anexo del Senado provincial por la Mesa de Desregulación de La Libertad Avanza. El proyecto apunta a eliminar unas 40 que consideran obsoletas, mientras que una segunda propuesta busca revisar 279 registros estatales y simplificar trámites administrativos.
La presentación estuvo a cargo de los senadores Matías De Urraza y Diego Valenzuela, y los diputados provinciales Francisco Adorni y Oriana Colugnatti, junto a un equipo técnico.
El proyecto toma como referencia la iniciativa de desregulación impulsada por el Gobierno nacional y busca trasladar esa discusión al ámbito provincial. El argumento libertario es que la acumulación de normas y regulaciones que perdieron su finalidad original genera costos, obligaciones y obstáculos tanto para los ciudadanos como para el sector comercial y productivo.
El relevamiento contempla disposiciones que, según los autores, quedaron superadas por los avances tecnológicos, regulaciones comerciales y de etiquetado que imponen obligaciones a los establecimientos y normas de carácter declarativo, simbólico o promocional que ya no tendrían una finalidad vigente o se superponen con otras regulaciones.
La Ley Hojarasca no fue la única iniciativa presentada por el espacio libertario. En paralelo, la Mesa de Desregulación impulsó una segunda propuesta, denominada Ley de Desregulación Bonaerense, que apunta a revisar y reorganizar los 279 registros provinciales identificados por sus autores.
Se trata de registros creados mediante leyes, decretos y resoluciones que, según el diagnóstico de LLA, en algunos casos duplican información o exigen documentación que ya está en poder de otras dependencias estatales.
La propuesta plantea incorporar herramientas de ciencia de datos e interoperabilidad para conectar las distintas áreas de la administración pública y evitar que los ciudadanos deban presentar reiteradamente los mismos datos ante diferentes organismos.
En ese marco, también se promueve la creación de una Identidad Digital Bonaerense, un sistema que permitiría integrar información actualmente dispersa en el Estado provincial y facilitar el acceso a trámites y servicios públicos.
El argumento económico detrás de la propuesta
Desde LLA sostienen que la burocracia administrativa no representa solamente una pérdida de tiempo para quienes deben realizar gestiones, sino que también implica un costo para el funcionamiento del Estado.
Durante la presentación, los impulsores señalaron que el costo anual estimado de mantenimiento de un registro provincial asciende a $89.710.000. Sobre esa base, calcularon que el funcionamiento de 243 registros relevados representa un gasto de $21.799 millones anuales.
El senador Matías De Urraza defendió las iniciativas y vinculó la reducción de regulaciones con la posibilidad de disminuir el gasto público y avanzar hacia una reducción de impuestos.
En la misma línea, el presidente del bloque de LLA en el Senado, Carlos Curestis, planteó que las normas y los registros deben justificar su existencia y que los recursos públicos no deberían destinarse a sostener estructuras administrativas que ya no cumplen una función.
Por su parte, el diputado Francisco Adorni cuestionó el esquema de regulaciones vigente en la provincia y sostuvo que el funcionamiento del Estado debe evaluarse por la calidad de sus servicios y la transparencia del gasto, y no por la cantidad de normas y estructuras burocráticas.
Con estas dos iniciativas, La Libertad Avanza busca instalar la desregulación como uno de los ejes de su agenda legislativa bonaerense. La discusión ahora deberá trasladarse al ámbito parlamentario, donde se analizará el alcance de las derogaciones y las modificaciones que podrían introducirse en el funcionamiento de la administración provincial.
