El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, volvió a recurrir a la Justicia para reclamarle al Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones, una deuda superior a los 825 millones de pesos por la falta de provisión de insumos y medicamentos correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de este año, de acuerdo a lo relatado por un medio nacional.
Según informó el portal La Política Online, el reclamo fue desconocido por el Gobierno nacional, que sostuvo que la institución no inició los trámites administrativos necesarios para cobrar la prestación. En su respuesta judicial, la abogada de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuestionó la presentación y planteó: “Cómo podría mi mandante saber que tiene que pagar sin que le adjunten- como mínimo- la factura de la prestación por los canales oficiales para hacerlo”.
La representante legal también afirmó que “no se ha recibido solicitud administrativa alguna” en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
Desde el Cottolengo, en cambio, presentaron los presupuestos de los insumos y medicamentos reclamados, junto con las constancias de los requerimientos realizados ante el programa federal Incluir Salud y los listados de pacientes alcanzados por las prestaciones.
En la presentación judicial, los apoderados del establecimiento denunciaron que desde octubre de 2025 no reciben “los tratamientos farmacológicos, ni insumos dietoterápicos, ni los pañales de los legítimos afiliados al programa federal Incluir Salud”.
Además, cuestionaron que la autoridad de aplicación, la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), descuente mensualmente de las pensiones el costo de una cobertura médica que, según señalaron, luego no se garantiza. En ese sentido, advirtieron sobre una “situación grave” que, a su entender, “refleja la conducta arbitraria y rebelde” del Gobierno.
La respuesta del Gobierno nacional
Tras rechazar el planteo, desde la ANDIS cuestionaron la documentación presentada por la institución y señalaron una “orfandad de las piezas que pretenden acreditar la acreencia”.
Por ese motivo, solicitaron a la Justicia que desestime el reclamo e intime al Cottolengo a presentar las facturas correspondientes a los insumos —y no solamente sus presupuestos—, además de documentación que permita vincular cada compra con los tratamientos de los residentes, como historias clínicas o recetas médicas con una antigüedad no mayor a 30 días.
El nuevo conflicto se conoce semanas después de que se confirmara la próxima visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole. A comienzos de octubre, el Gobierno nacional había cancelado una deuda superior a los 750 millones de pesos que la institución reclamaba desde febrero.
