Micaela Medero Larrosa, integrante del Observatorio de Tierras, habló con El Termómetro sobre el tratamiento en el Senado nacional del proyecto de Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, del cual el Gobierno retiró el capítulo de extranjerización: “Preocupaciones teníamos varias. Estábamos muy alerta por la cuestión venta de territorio en zonas fronterizas, que se desregulaba totalmente para capitales extranjeros”.
En ese sentido, la investigadora del Programa sobre Historia Agraria sostuvo que estos lugares son “centrales para la defensa del territorio, entrega de recursos naturales e impedían pensar en un desarrollo soberano”. “No es la primera vez que el gobierno intenta derogar la Ley de Tierras, ya lo había hecho en el DNU 70/2023 pero por un amparo presentado por veteranos de Malvinas se pudo frenar, y ahora vuelve a atacarla. No descartamos que en un futuro vuelvan a intentarlo con otra estrategia”, vaticinó.
Remarcó que “a nivel nacional hay un 5 por ciento en manos extranjeras” y que la normativa actual “permite que sea hasta un 15 por ciento” por lo que entendió que “no existía necesidad de seguir ampliando los límites o eliminarlos”.
“Hacíamos foco en la situación de algunos departamentos. En Argentina hay 36 departamentos distribuidos por todo el país que excedían los límites y no se podía seguir vendiendo tierra a extranjeros que están cargados de bienes naturales y ubicados en zonas estratégicas como el Norte, la Cordillera, Lácar en Neuquén, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y la vera del Río Paraná”, especificó.
Asimismo, señaló que hay “que empezar a pensar que la tierra vuelva a tener una función social” y marcó “el problema de la concentración de la tierra”. “La tierra no está al servicio de la comunidad, no todos gozamos de las ganancias que genera ni podemos habitarla en manera equitativa”, aseguró.
También apuntó que “en la presión que ejercen capitales extranjeros y nacionales en distintos territorios hacen muchas personas que tengan que abandonar espacios que habitaron ancestral mente y tengan que mudarse a los centros urbanos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario”.
“Los proyectos que el Gobierno pone sobre la mesa son un disparate total porque no generan puestos de trabajo significativo, no es la cantidad que necesitamos generar para poblar ese lugar o para que los habitantes se beneficien”, aseveró.
En cuanto al impacto del reclamo, Medero Larrosa consideró que “se unieron varios factores”: “Por un lado, pudimos ser referentes de esta lucha investigadores de la universidad pública en el sentido de no partidizar la discusión. Con la bandera que se hizo presente en la semifinal contra Inglaterra hubo un fervor nacional en torno a la soberanía y se pudo empezar a pensar que pasa a en el resto del territorio. El contenido del proyecto pudimos darlo a conocer porque el gobierno quiso solaparlo”.
Comentó que más allá de que se haya bajado el capítulo más polémico de la iniciativa igual habrá movilización al Congreso porque “todo el proyecto es nocivo” y “está en sintonía con otros proyectos sobre manejo del fuego, Glaciares, RIGI, desalojos express y dificultad para poder expropiar”. “Estas cuestiones son graves”, advirtió.
