La postura cerra de la oposición en el Senado ante el proyecto que equipara las indemnizaciones por despidos en la Provincia de Buenos Aires con las de la Ciudad de Buenos Aires generó contradicciones en el oficialismo. La vicegobernadora Verónica Magario quiso despegar al gobierno de la iniciativa que presentaron legisladoras de La Cámpora que cuenta con media sanción en diputados, sin embargo, había sido defendido por el ministro de trabajo Walter Correa.
Esta semana, representantes de unas 50 entidades empresarias se reunieron en la Cámara alta con senadores del PRO, UCR y libertarios para manifestar su preocupación por el proyecto que modifica el artículo 48 de la Ley de procedimiento laboral bonaerense y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva por activa, la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), y agrega una carga del 6%.
En este contexto, la propuesta que había sido presentada por las diputadas Soledad Alonso y Maite Alvado, y que cuenta con media sanción de la cámara baja, podría quedar frenada en el senado, donde Unión por la Patria está en minoría.
Sin embargo, llamó la atención que, luego de ese encuentro, la vicegobernadora Verónica Magario salió a despegar a la administración de Axel Kicillof de la propuesta en favor de los trabajadores.
“No ha sido una iniciativa del Gobierno provincial. Nosotros somos los que fomentamos el sostén de nuestras industrias y promovemos la actividad de las Pymes, que son las que componen el entramado productivo, porque representan entre un 70 y un 80% en la provincia de Buenos Aires”, dijo a un medio de la provincia de Buenos Aires.
Llamativamente, el proyecto había sido presentado y empujado por el ministro de trabajo, Walter Correa, en el mes de abril.
“Nuestra presencia en este acto es para demostrar que el ministerio de Trabajo, como institución, se involucra con este proyecto porque entendemos que es positivo para las y los trabajadores”, había dicho Correa, durante el panel de presentación de la iniciativa y agregó que “se va a comprometer y vamos a poner el gancho, digámoslo en criollo, para que ningún compañero ni ninguna compañera en la Legislatura tenga alguna duda de lo que significa la función pública”.
La preocupación en el Senado llega también ante la postura que tomaron algunas entidades pymes, hasta las más oficialistas. Entre ellos el titular de Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Camilo Alberto Kahale, también titular de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora, e históricamente ligado al peronismo local quien dijo a Infobae: “Nosotros somos generadores de empleo genuino y estamos muy preocupados. Si se aprueba la modificación del Art. 48 nos obliga a los empresarios a no tomar nuevos empleados y nos deja en jaque ante un eventual juicio laboral porque ya tenemos en la actualidad juicios cuyos montos se multiplicaron por 40 en el último período”.
Como dato, el N°2 de Kahale en la Cámara de Comercio de Lomas, Antonio Venezia es concejal de Unión por la Patria en Lomas de Zamora.
