Desde el mediodía, la Cámara de Diputados de la Nación comenzará a tratar la Ley de Bases para la reconstrucción de la Argentina, una versión reducida del proyecto que había enviado Javier Milei en diciembre y que naufragó en las sesiones extraordinarias del verano. Privatizaciones, reforma laboral, la vuelta del Impuesto a las ganancias, blanqueo de capitales y eliminación de la moratoria para amas de casa, entre los temas principales.
La nueva versión del proyecto cuenta con 232 artículos en total, un recorte de más de 400 artículos de la original. Buscará declararl a emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
Uno de los puntos central será la delegación facultades al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Aunque los bloque aliados lograron que el Gobierno deba informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.
Asimismo, se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, al tiempo que tampoco “podrá disponer la disolución” de un conjunto de organismos como CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA, entre otros. Desde sectores de la oposición aseguran que esto habilita a que los vacíe y dejen de funcionar como pasó con la agencia de notacias Telam.
Capitulo de Privatizaciones
El proyecto autoriza al PEN a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los Fondos Fidusiarios, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. Se excluye de la lista al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565.
En el capítulo de privatizaciones, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán “únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.
Mientras que quedan sujetas a una privatización total Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.; En tanto en el esquema de posible concesión están AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
“El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”, impusieron los bloques acuerdistas, y el seguimiento lo harà la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la AGN y la SIGEN.
Eliminación de la moratoria
El proyecto de Ley Bases incluye además la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.
Reforma laboral
Entre los principales puntos de la reforma laboral están la eliminación de multas a empleadores por tener trabajadores no registrados; se lleva el período de prueba a seis meses y se determina que podrá ser de hasta ocho meses en empresas de seis hasta 100 trabajadores, y de hasta un año en empresas de hasta cinco trabajadores; se crea el fondo de cese laboral: Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización y/o la suma que libremente se pacte entre las partes.
Y finalmente, se introduce la figura de “colaboradores” en empresas de hasta cinco trabajadores “independientes” para “llevar adelante un emprendimiento productivo”. Se habla de una “relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación”.
* El proyecto prevé modificaciones en la Ley de Empleo Público; y un capítulo de energía con reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Gas Natural.
* Se plantea la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares.