Así como había hecho con los pesqueros, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof recibió hoy a representantes del sector farmacéutico y pymes productoras de biocombustibles preocupados por la aprobación de la Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei mandó al Congreso y que se tratará en Diputados el 24 de enero; y el DNU de desregulación del estado.
La primera instancia el mandatario se reunió con representantes de la Cámara de Empresas PyMES Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; y el vicepresidente primero de Centrales de la Costa Atlántica S.A., Diego Rozengard. Estuvieron presentes el vocal de la CEPREB, Carlos Paredes; el revisor de cuentas de la entidad, Daniel Mónaco; y los representantes Juan Manuel Ritacco, Marcelo Michelini, César Cárdenas y María Camila Barbagelata.
“La Ley Ómnibus tendría consecuencias absolutamente negativas sobre toda la industria bonaerense de biodiesel, cuya particularidad es que está integrada por pymes que generan cerca de 800 puestos de empleo directo en el interior de la provincia”, sostuvo el ministro Javier Rodríguez y añadió: “Este proyecto del Gobierno Nacional viene a destruir una idea fundamental para el desarrollo bonaerense como es la promoción de la industria y el agregado de valor”.
El sector cordobés de biocombustibles había tenido una reunión con el ministro del Interior Guillermo Francos quien se había comprometido en realizar modificaciones al proyecto de ley.
Posteriormente, Kicillof, junto Álvarez Rodríguez; el ministro de salud Nicolás Kreplak; y la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Ceriani; recibieron a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Gómez; los presidentes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Ricardo Pesenti; y de la Cámara de Farmacias Bonaerenses (CAFABO), Julio Álvarez; el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR), Rubén Sajem; el secretario general de la Asociación Empleados de Farmacia (ADEF), Víctor Carricarte; y el decano de la Facultad de Exactas de la UNLP, Mauricio Erben.
La preocupación del sector está puesta en el DNU 70/2023 que establece la desregulación de la comercialización de medicamentos de venta libre y admite la constitución de farmacias mediante cualquier figura jurídica, entre otras medidas que apuntan contra los profesionales farmacéuticos.
Si bien en la Provincia de Buenos Aires las medidas no impactan al estar vigente la Ley de Farmacia Provincial, al respecto, Kreplak señaló que “el DNU tiene un impacto negativo en la salud pública y vulnera el rol sanitario de las farmacias: su aprobación pondría en riesgo el trabajo de mucha gente y atacaría un modelo que se construyó con mucho esfuerzo, que además es un sistema que en la provincia de Buenos Aires es muy exitoso”. “La política que impulsa el Gobierno Nacional ya fracasó en los países en los que intentó aplicarse, generando un aumento de los precios de los medicamentos y una mayor concentración en beneficio de los grupos más poderosos”, agregó.
De esta forma, Kicillof salió a contener a dos sectores productivos que combaten el DNU y la Ley y se puso al frente de sus reclamos.
