La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires detectó y denunció ante la justicia penal la presencia de listas «ilusorias», con precandidatos que no pertenecen al distrito por el cual se postulan, lo que derivó en la baja de los partidos observados, hecho que generó un ahorro de casi 1.000 millones de pesos por boletas que no tendrán que ser impresas, indicaron fuentes judiciales.
En concreto, se advirtió un significativo número de observaciones y una sistemática directriz en la confección de las listas que se reflejaba en que la mayoría de los precandidatos oficializados no pertenecían al distrito por el cual se postulaban en los partidos «Encuentro Republicano Federal», «Esperanza del Pueblo», «Frente Federal de Acción Solidaria», y «Justicia y Dignidad Patriótica».
Desde el órgano electoral -encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres, e integrado por los magistrados Ana María Bourimborde, Eduardo Delbés, Claudia Milanta y el titular del Tribunal de Cuentas Federico Thea– señalaron que lo habitual es que en una lista pueda haber uno o dos precandidatos que registren una falencia en cuanto al cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
Sin embargo, en estos casos se dio la particularidad de listas completas en las que ningún precandidato pertenecía o tenía domicilio en el distrito por el que pretendía competir.
Para ejemplificar, se advirtió que la lista de precandidatos de Chivilcoy del partido «Encuentro Republicano Federal» llevaba como precandidatos en su totalidad, en forma alternada, ciudadanos domiciliados en los distritos de José C. Paz y La Matanza.
En igual sentido los precandidatos del partido «Esperanza del Pueblo», del distrito Luján, resultaban ser todos ciudadanos de San Nicolás; la lista del «Frente Federal de Acción Solidaria» de Chacabuco estaba integrada por ciudadanos de los partidos de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela; y la perteneciente a La Plata del partido «Justicia y Dignidad Patriótica», con precandidatos de los distritos de Azul, San Nicolás, General Pinto y Junín.
Ante esas observaciones, se advirtió a los apoderados partidarios que se harían denuncias penales para investigar la posible comisión de algún delito de defraudación, por lo que ellos mismos decidieron bajar las listas.
En virtud de estos hallazgos y las eventuales maniobras que pretendían perpetrarse en contra del fisco y del electorado bonaerense, la Junta Electoral de la Provincia decidió remitir sus actuaciones a la Procuración General para que investigue la posible comisión de delitos.
La causa abierta a partir de esta intervención tramita en la UFI N° 5 y el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial La Plata (número de IPP 06-00-38180-23/00). El aporte previsto por el Estado provincial para la impresión de boletas de las elecciones primarias asciende a $ 2.695.660.935,76.
Esta intervención y la consecuente baja de las listas observadas permitió alcanzar un ahorro de $944.016.155, 68, al mismo tiempo que neutralizó una vulneración del electorado, toda vez que estas listas para las «PASO», además de engañosas, luego no se verían representadas en las elecciones generales -incluso en el supuesto de superar el piso legal del 1,5%- como consecuencias de las irregularidades detectadas.
