El Concejo Deliberante de Lanús convalidó, este mediodía, un acuerdo extra judicial al que la Municipalidad de Lanús llegó con una decena de trabajadores de los llamados «cobradores» municipales de la época de Manuel Quindimil. En 2018 habían sido quitados de la planta y comenzaron un conflicto judicial que podría haber tenido su final hoy. El peronismo votó dividido y un sector no acompañó.
En una inesperada sesión extraordinaria, el HCD local cerró el año con una orden del día que tenía un tema central y varios que habían quedado de la anterior reunión que se cayó por falta de quorum.
El punto principal de la jornada era una revisión del acuerdo «extra judicial» con los trabajadores del “Cuerpo de agentes de gestión administrativa”. Se trata de un conflicto de larga data, que tiene su primer estallido con la llegada de Darío Díaz Pérez a la intendencia. En 2008 buscó desarmar al grupo de los llamados «cobradores» municipales, una de las espadas de Manuel Quindimil, con la intención de modernizar el sistema de cobro de tasas.
Estos trabajadores se dedicaban a pasar casa por casa a cobrar los tributos municipales a los vecinos de Lanús. En su momento fue un sistema útil que permitía a al Municipio sostener una cobrabilidad del 70 por ciento de los contribuyentes y al vecino evitar irse hasta la Municipalidad a pagar. Estos empleados tenían una condición especial y es que cobraban, además del sueldo, un porcentaje de la recaudación total. Con la llegada de una gestión distinta comenzó un sistema de impresión y reparto de boletas, posteriormente un inicio de digitalización.
La cumbre del conflicto llegaría en 2018, ya en la gestión de Néstor Grindetti. Con un servicio plenamente digital y con la posibilidad de hacerlo a distancia, el actual Intendente buscó dejar de pagar ese porcentaje de la recaudación a un grupo de trabajadores que ya realizaban esa tarea. Calculan que en ese momento quedaban uno 20. Agotadas las instancias administrativas de reclamo, los empleados perjudicados en sus salarios iniciaron acciones legales contra la comuna. Cuatro años después, se intentó dar una solución a la decena que continuó el conflicto.
Lo que se aprobó hoy en el Concejo Deliberante es un preacuerdo para evitar que el conflicto llegue a juicio. La oposición mostró algunos puntos de diferencia, mientras que el oficialismo asegura que se hizo en diálogo con cada uno de los afectados, aunque dejaron en claro que el acuerdo es voluntario y no obligatorio.
Quienes se opusieron fueron los integrantes del bloque Frente de Todos Unidad – Ciudadana. Marcela Barbeiro planteó que si bien hubo «diálogo» entre las distintas fuerzas políticas con acompañaron porque «las distintas organizaciones sindicales, dos con personería y una que la pide, no fueron consultadas». Además se quejó que no pudieron consultar con todos los trabajadores involucrados. Julián Álvarez más adelante detallaría que el expediente llegó al HCD el viernes 23 con la intención de tratarse 4 días después y con la navidad en medio.
En una reunión de presidentes del bloque, minutos antes de arranca la sesión donde se pidieron una serie de modificaciones al expediente, entre ellas el plazo que la etapa de notificación estaba abierta y uno de los porcentajes de cobro. Ambas se modificaron aunque no como pedía un sector del peronismo. Previo a la hora de la convocatoria el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús, Miguel Pedelhez llegó al HCD y se reunió con los representantes del Frente de Todos. En principio se supo que habría manifestado su oposición al acuerdo por no haber sido consultado.
Omar López (Juntos) aseguró que los sindicatos no debían ser parte del acuerdo porque, en el momento del conflicto «Los trabajadores agotaron la vía administrativa en reclamo sin que el sindicato se preocupe por ellos. Fueron a la vía judicial y ahora es un conflicto entre dos partes los trabajadores y la comuna».
«Hay una oposición reductible de oponerse. Me hace pensar que no tomaron conocimiento», se quejó. En la misma línea fue Laura Lavandeira que planteó que «acá no hay que poner la palabra sindicato en la discusión porque hay un grupo de trabajadores que no fueron representados por ningún gremio». Y señaló que se está resolviendo un conflicto para que no le queda a una próxima gestión.
Otras de las que se opuso fue Karina Nazabal, quien si bien aclaró que no votó «ni votaría nada en contra de los trabajadores ni de las arcas municipales», como «Cambiemos tiene los votos», votaría en contra porque «si bien es un conflicto que se debió resolver también es un conflicto que se puso haber evitado». E hizo un paralelismo con la ordenanza que «privatizó» el cobro de las deudas de tasas municipales y señaló que este grupo de agentes podría haber sido enviados a ese trabajo».
El único que habló de quienes acompañaron la propuesta por parte del peronismo fue Agustín Balladares, quien explicó que votaría positivamente luego del diálogo que tuvieron con los trabajadores afectados. Así marcó una diferencia con el bloque del kirchnerismo. Junto con él acompañaron Gabriel Sandoval, Víctor de Gennaro y Ana Laura Rodríguez. La votación salió 17 positivos contra 6 negativos. Natalia Gradaschi estuvo ausente, aislada por covid.
A pesar de su oposición Álvarez dejó un dato legal importante que después charlaría en privado con alguno de los trabajadores presentes. Si bien lo que se votó es un acuerdo entre las dos partes del conflicto, como la ley laboral establece que no hay un asimetría de fuerzas ya que el empleador siempre tiene más recursos, este tipo de acuerdos si no siguen parámetros legales pueden caerse.
