Las negociaciones con el FMI no fueron indiferentes para ningún sector social y político y todos, con mayor o menor repercusión, salieron a expresar su parecer sobre el accionar del Gobierno para hacerle frente a la deuda con el organismo internacional. En este contexto, desde la Iglesia le pidieron al presidente que no desatienda “las deudas sociales” por pagarle al Fondo.
A través de un comunicado difundido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, conducida por el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, remarcaron que “las obligaciones emergentes de situaciones creadas por la deuda externa no pueden y no deben soslayar la mirada ética respecto de los compromisos con la deuda social que nacen, precisamente, de un orden económico que ha privilegiado la especulación financiera por encima de la producción y el trabajo digno”.
De esta manera, la Iglesia marcó su postura cuestionando el acuerdo y también la toma de “una deuda extraordinaria que nos condena y plantea grandes desafíos”, marcando así además una crítica al gobierno anterior.
En esa línea, la iglesia cuestionó: “¿Cómo evitar que su reconocimiento no condene al hambre y la miseria a millones de compatriotas?; ¿cómo hacerlo sin sacrificar el crecimiento económico, la inversión pública y la atención de los más necesitados? La deuda social es la gran deuda de los argentinos, no se trata solamente de un problema económico o estadístico”.
Se suma así a los sectores que se mostraron en contra del acuerdo como la izquierda o La Cámpora con Máximo Kirchner a la cabeza, poniendo el foco en las consecuencias económicas y sociales que traen los condicionamientos que puede imponer el organismo.
“Deseamos que al abordar el tema de la deuda externa, nuestra Patria se asuma como protagonista de su propia suerte para definir el propio desarrollo cultural, civil, social y económico, de modo de poder construir y afianzar un modelo que tenga como eje central la producción y el trabajo”, continúa el comunicado.
Y añade: “El servicio de la deuda no puede ser satisfecho al precio de una asfixia de la economía de un país. Y ello debe implicar que no se pueda hipotecar de tal manera la casa común (nuestra Nación en este caso) sin los consensos necesarios y sin el establecimiento de las responsabilidades emergentes”.
Por último, desde la Iglesia piden “el compromiso de toda la dirigencia política y social” para lograr “un modelo basado en la producción y en la economía social, como condiciones imprescindibles para una economía con rostro humano que, a partir de saldar la deuda social, pueda honrar sus compromisos con la deuda externa privilegiando la protección de los más vulnerables”.
