El Concejo Deliberante de Avellaneda realizó este jueves una nueva sesión que duró menos de media hora y donde casi todos los expedientes fueron aprobados de forma unánime y sin discusión. El único motivo de disputa fue la adquisición de un inmueble.
Con el aval de todo el Cuerpo se convalidaron varios convenios firmados por el ejecutivo cómo uno con el Ministerio de Obras Públicas para la adhesión al programa Pavimentación y Desagüe Pluvial Calle Malabia, en Villa Inflamable; otro con Aysa para el uso de dos ventiletas; otro con la OPDS para la conservación de bosques nativos; y uno con Desarrollo Social para adherir al programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares.
El único expediente que trajo debate fue la adquisición de un inmueble en la calle Entre Ríos en Piñeyro, el cual era curtiembre que se fundió y luego pasó a manos de una cooperativa que no pudo mantenerla por mucho tiempo. El lugar va a ser utilizado para la construcción de viviendas.
La edil de Juntos por el Cambio Silvia Diana explicó que el bloque no iba a acompañar por “incongruencias con el expediente de la quiebra”. “No tenemos problemas con que se haga un plan de viviendas, pero además de los 120 millones de pesos por los 22 lotes, también está estipulado que una empresa liquidadora que puso el dueño va a cobrar un 4 por ciento del valor de la venta y si el juez nos pide una mejora de oferta vamos a pedir que se descuenten los 14 millones de pesos que le debe el dueño al municipio. Tampoco sabemos cuánto va a costar el saneamiento de esa tierra”, enfatizó.
Por el lado del oficialismo, el edil Juan Acosta señaló que “varias veces se discutió el tema en el Concejo y la oposición pedía que el Estado haga algo por las quejas de los vecinos”. En tanto, su compañera Maia Lata aseguró que en el expediente se resuelven las dudas del bloque opositor, que de la limpieza del lugar se va a ocupar Acumar y de paso sumó al debate la “nula política de viviendas del gobierno de Mauricio Macri”.
También se aprobaron exenciones de pago de tasas a particulares y al sindicato de Luz y Fuerza, pedidos de comunicaciones de la oposición al ejecutivo y el envío a archivo de varios proyectos.
