Pasaron dos años desde la muerte de diez detenidos en la comisaría de Transradio, en Esteban Echeverría, y todavía no hay ningún imputado por lo sucedido. Sin un rumbo claro, las familias de las víctimas continúan con su reclamo, esperan que la investigación avance y que por fin se identifique y juzgue a los responsables.
“Seguimos a la espera de la justicia. Las responsabilidades están más que claras y vienen de parte del Estado: la comisaría estaba clausurada, tenía seis órdenes de clausura desde 2012”, señaló en diálogo con El Termómetro Matilde Rojas, madre de Elías Soto, uno de los fallecidos.
El fatídico episodio ocurrió el 15 de noviembre de 2018 en la seccional policial ubicada en Ruta 4, entre Salta y Colón, donde las llamas comenzaron durante la madrugada. La dependencia está situada al lado del Cuertel de Bomberos Voluntarios de esa localidad echeverriana.
En esas circunstancias murieron Rogelio Ocampo, Jorge Luis Ramírez, Jeremías Rodríguez y Juan Bautista Lavarda. Luego, en el hospital, perdieron la vida Elías Soto, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera y Martín Argüello.
Si bien los familiares apuntan contra las autoridades del Ministerio de Seguridad en general, las cuestionamientos caen en particular sobre quien Cristian Ritondo, quien en ese momento era el ministro del área durante la gestión de María Eugenia Vidal.
“Ritondo dijo que los prefería amontonados en la comisaría y ahí están las consecuencias. Hasta el día de hoy no pasó nada, y si no se hace algo, va a volver a pasar lo mismo”, agregó la mujer y consideró que, desde su óptica, “los dejaron morir”.
En la misma línea, también puso el foco en la actuación de los efectivos policiales, que no estaban al cuidado de quienes estaban allí alojados. “Tenemos una declaración de un bombero que nos dijo que la policía no los dejaba pasar a rescatar a los chicos, que estaban encerrados con un candado. Es algo que no puedo entender», relató.
El proceso investigativo está en manos del fiscal Fernando Semisa del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. No obstante, Matilde deslizó que no hay intenciones de esclarecer lo sucedido.
“Siento que el Fiscal cree que está bien lo que paso, que eran presos y se murieron por hacer un motín, siento que no quiere ir más allá, que no quiere avanzar”, expresó.
Ante esta situación, pese a las dificultades y con el acompañamiento de representantes de Derechos Humanos y del Municipio, la mujer aseguró que continuarán reclamando hasta encontrar respuestas.
“Se lo prometí a mi hijo y voy a llegar a lo último para que él y los demás descansen en paz, porque las comisarías no pueden seguir de esa manera”, concluyó.
