El gobierno de Quilmes pretende encarar una serie de reformas en la administración municipal. Para ello debe contar con el andamiaje legal necesario, que se construye a partir de las ordenanzas que vota el Concejo Deliberante. En esta primera sesión en el marco de la pandemia, el oficialismo que conduce la Intendenta Mendoza, ya da señales de ir en serio con los cambios, presentando importantes modificaciones a un puñado de ordenanzas vigentes y la presentación de algunas otras.
Si bien la Rendición de Cuentas del último año de la gestión Molina aparece como el tema de mayor importancia, el paquete de proyectos que presentaría el Ejecutivo es amplio y polémico. Concejales opositores ya plantean que hay una tendencia al recorte del funcionamiento del HCD en lo que se refiere a iniciativas y controles.
En este marco, lo primero que destaca es lo concerniente a la limpieza y la recolección de residuos en el distrito. A través del programa “Quilmes Limpio”, se pretende dotar al Ejecutivo con la facultad de firmar convenios con “organismos públicos, entidades privadas y organizaciones populares” para la “colaboración y ejecución de obras para la gestión integral de residuos y otras de interés ambiental”. Estas modificaciones, sumadas a la Emergencia Ambiental votada al inicio de la gestión, le otorgan un amplio margen de maniobra al gobierno.
Pero para completar este cuadro, hay que sumar las modificaciones que se pretenden hacer a la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre, primero especificando que la prohibición es para “tracción a sangre de tiro animal”, y luego, dándole la posibilidad al Ejecutivo de “firmar convenios para la provisión de los medios de transporte necesario”. Sectores opositores señalan que estas últimas modificaciones estarían vinculadas a futuros acuerdos de recolección y reciclado con la CTEP, y más específicamente con Juan Grabois.
Otro tema fuerte, es la modificación de la ordenanza de Entidades de Bien Público. Si se logran las modificaciones, la entidades deberán inscribirse en un nuevo registro denominado RUME (Registro Único de Municipal de Entidades) para lo que deberán poseer reconocimiento municipal y/o personería jurídica otorgada por la Provincia, pero habrá que esperar la reglamentación de la ordenanza para tener más especificaciones. También se crea el programa de “Fortalecimiento de Entidades de Bien Público”, donde quedaría eliminado el sistema de subsidios de la gestión anterior y el Consejo Asesor que los asignaba, dándole mayor discrecionalidad al Ejecutivo para la distribución de esa partida presupuestaria, que según los cálculos podría llegar a varios millones de pesos.
Por otra parte, también se presentarán los proyectos de adhesión a la Ley Micaela, un proyecto de “padrinazgo para espacios públicos”, y una ordenanza que autorizaría al Ejecutivo comunal a “la distribución de ayudas sociales urgentes”. Por parte de la oposición se le dará carácter deliberativo a varios pedidos de informes, referidos al combate de la pandemia del Covid 19 y la situación del Dengue en el distrito, entre otros.
Vale recordar que el oficialismo no posee quorum propio, y que esa es la principal herramienta con la que cuentan los opositores para forzar la discusión sobre las modificaciones y las ordenanzas que impulsa el Ejecutivo. Aunque seguramente los concejales de Juntos por el Cambio se verán condicionados con la posibilidad de que se apruebe la Rendición de Cuentas de Molina sin cuestionamientos, lo que tampoco dejaría de ser polémico.
