“Tomé la decisión de renunciar a mi cargo de Directora General para la Prevención del Delito y la Violencia”, posteó en sus redes sociales la abogada Claudia Cesaroni, en medio de la polémica por la liberación de presos y después que el bloque de concejales de Juntos por el Cambio le exigiera su renuncia a través de un pedido a la Intendenta de Quilmes.
La posición de Cesaroni, militante por la liberación y abogada defensora de detenidos que se encuentran en el penal de Villa Devoto, no sólo provocó la reacción de la oposición, sino que además incomodó al oficialismo.
Según la abogada, la renuncia fue “de mutuo acuerdo con la intendenta Mayra Mendoza, ya que en el marco de mi militancia en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad estoy acompañando los reclamos del colectivo de detenidos alojados en la cárcel de Villa Devoto, lo que se torna incompatible con el cumplimiento de mis responsabilidades con la gestión Municipal en los términos que debe realizarse”.
En el marco de discusión y debate social que provocó el pedido de excarcelación de quienes se encuentran privados de su libertad con motivo del COVID-19, se hacía insostenible la continuidad de Cesaroni en una dirección cuyo principal objetivo es la prevención del delito. En otro contexto, sus ideas respecto a la inclusión social y a las deficiencias del sistema judicial y penitenciario podrían haber sido razonables, pero por estos días, su continuidad en el cargo hubiese sido muy difícil de explicar para el gobierno Municipal, que sin mayores manifestaciones, se limitó a informar que la Intendenta había aceptado la renuncia.
