La autopsia al hombre fallecido en la Unidad Penal N° 23 de Florencio Varela demostró que murió a causa de un disparo y no de un enfrentamiento entre internos. Ahora el Servicio Penitenciario bonaerense inició sumarios administrativos a los tres subdirectores a cargo, así como al Jefe de la Sección Vigilancia y Tratamiento y los relevaron de su cargo. La fiscalía investigará lodas las escopetas utilizadas en el procedimiento por el personal del SPB y las vainas servidas secuestradas en el establecimiento carcelario, para buscar al autor material del homocidio.
El pasado miércoles internos iniciaron una protesta a causa de las condiciones sanitarias en medio de la crisis del Coronavirus en los pabellones 2, 6 y 7, del sector de máxima seguridad. Personal penitenciario iniciaron un operativo para detener la protesta que teminó en un enfrentamiento con un interno muerto y 40 detenidos y 15 agentes lesionado. La primera información oficial fue que el hombre había fallecido a causa de un cuchillazo, en medio de un enfrentamiento entre dos bandas, dentro de la protesta. Sin embargo, la autopsia determinó que el cuerpo del fallecido tenía ocho impactos compatibles a postas de goma y al menos uno de plomo y que no presentaba heridas punzantes.
A raiz de esto, Asuntos Internos inició un sumario administrativo a la cúpula de la unidad N°23 y toda la información obtenida se elevó a la UFI N° 9 de Quilmes, encargada de la pesquisa, a fin de esclarecer el hecho. De la misma manera, la fuerza entregó todas las escopetas utilizadas en el operativo a la fiscalía a cargo para poder determinar al autor material del hecho, entre los integrantes del Grupo de Intervención especial (GIE) y los de la Guardia de Seguridad Exterior.
“Vamos a avanzar con la investigación hasta las últimas consecuencias. La utilización de proyectiles de plomo no está permitida dentro de las cárceles. Se utiliza en la seguridad perimetral, solo en casos extremos y para repeler agresiones externas”, afirmó el titular del SPB, Xavier Areses.
La investigación penal está a cargo de la fiscal Roxana Giménez, a cargo de la UFI N° 9 de Quilmes y el Ayudante Fiscal Cristian Granados, bajo la supervisión del Juez de Garantías Marcelo Villagra, titular del Juzgado de Garantías Nº 8.
